El PP en la Diputación de Valencia ha reclamado a los diputados citados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a declarar como investigados por el caso Imelsa a que "sean suspendidos de empleo y sueldo" por "cuestión de higiene democrática", aunque considera que no deben renunciar a su acta sino delegar sus competencias "hasta que se levante el secreto de sumario". Respecto a su asesor Francisco Lledó —exedil del PP en el Ayuntamiento y ya investigado judicialmente— ha abogado por aplicar "acciones similares".

Así lo ha expresado en rueda de prensa la portavoz popular en la corporación, Mari Carmen Contelles, acompañada por representantes provinciales, respecto a la citación por la UCO al vicepresidente tercero de la Diputación, Emili Altur (Compromís); la vicepresidenta cuarta y consejera de Imelsa, Rosa Pérez Garijo (EU); y el exportavoz provincial del PSPV y hasta hace pocos días jefe de gabinete, José Manuel Orengo.

Al respecto, Contelles ha lamentado que dos vicepresidentes "se vean implicados" y ha expresado su "rechazo" a "cualquier caso de corrupción venga de las filas políticas que venga". En su opinión, esta citación "demuestra que son casos ligados a personas y no a partidos políticos".

Por tanto, ha defendido la importancia de una respuesta "rápida, tajante y contundente" de la Diputación con la "suspensión de empleo y sueldo" de los investigados y ha instado a que si los respectivos grupos no lo llevan a cabo "que lo haga el presidente de la corporación, Jorge Rodríguez".

Preguntada por si el grupo popular ha acordado actuar de forma similar con Francisco Lledó —que ha comparecido esta semana ante el juez y ha asegurado que "todos" los concejales hicieron donaciones—, la portavoz ha insistido en que "lo prudente es esperar", aunque ha avanzado que contactará esta semana con el presidente provincial para "tomar una decisión si sigue investigado" y así "cerrar el tema".

En concreto, ha abogado por abrirle también un expediente de "suspensión de empleo y sueldo hasta que se levante el secreto de sumario" y "restituirlo si se demuestra que no hay delito".

Les pide la "misma celeridad"

En esta línea, Mari Carmen Contelles ha reclamado a los grupos de la corporación provincial que "apliquen la misma celeridad que pedían hace semanas", en referencia a su reacción a las investigaciones a cargos municipales populares en la Operación Taula, y se ha preguntado "¿cuánto más van a tardar en suspenderlos de empleo y sueldo?".

"Respetamos la presunción de inocencia y entendemos que los diputados no deben dimitir, solo delegar las competencias hasta que se levante el secreto de sumario porque es lo más respetuoso", ha reivindicado.

"no es ético desautorizar a la uco"

Por otro lado, la portavoz popular ha criticado la reacción a su citación como investigada de la diputada de EU —que la ve "indignante" y cree que es una "maniobra de despiste"—, porque en su opinión, "no es ético ni estético que una vicepresidenta desautorice a la UCO". Al mismo tiempo, ha denunciado que la respuesta de Rodríguez al respecto —de "indignación y sorpresa"— "cuestiona la labor de la justicia".

Contelles ha subrayado así el "importante trabajo" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta operación, tras lo que ha apostillado que "la única mano negra es la de los corruptos".

Finalmente, respecto a si el grupo provincial popular tiene conocimiento de que se ha citado a todo el Consejo de Administración de Imelsa, ha declarado que no le "consta" y que les "han confirmado" que el diputado provincial Toni Gaspar (PSPV) "no está llamado". "Si la UCO les ha llamado, algo habrá en el sumario que desconocemos", ha asegurado.