La Junta de Castilla y León ha empezado a dar los primeros pasos en la elaboración de la futura ley por la que se regularán las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes.

Para ello, el Consejo de Gobierno ha analizado este jueves el anteproyecto de esta Ley que busca dar un "plus de garantía" a esos informantes y avanzar "con más contundencia" y con hechos en la necesaria prevención del delito, máxime en estos momentos en los que se habla de regeneración democrática, un concepto que, en su opinión, se está "sobateando demasiado" sin esos hechos.

"Tenemos mucha prisa", ha reconocido el consejero de la Presidencia quien ha abogado por la "tramitación urgente" en las Cortes de este texto que será negociado en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos que convocará la próxima semana y se pondrá a disposición durante 15 días en el Portal del Gobierno Abierto para que los ciudadanos planteen sugerencias. El texto pasará también por el Consejo de Función Pública para someterse a información del Consejo Consultivo, también por el trámite de urgencia.

El consejero de la Presidencia ha definido la futura ley como una norma "muy sencilla" que incluirá de forma pionera en el país mecanismos que protejan a los empleados públicos informadores, tanto funcionarios como personal estatutario y laboral, en esas informaciones sobre supuestas irregularidades.

Entre las principales medidas de la futura norma es que no podrá realizarse ninguna actuación que pudiera perjudicar a la situación laboral de las personas que hayan comunicado una posible incidencia, una protección que será aplicable durante la sustanciación de las actuaciones —entre dos y seis meses— y en el caso de que las informaciones se hayan remitido al Ministerio Fiscal, las anteriores garantías mantendrán su vigencia hasta que se dicte sentencia firme o se decrete el archivo definitivo.

Dicho esto, el consejero ha asegurado que "de forma excepcional" se podrá acordar el traslado del empleado cuando lo solicite y concurran circunstancias, debidamente apreciadas por la Inspección General de Servicios, que así lo justifiquen, un traslado que es también una medida prevista para los casos acoso laboral en la Ley de Función Pública de Castilla y León.

"Estas mismas garantías se aplicarán también a aquellos empleados públicos que hayan denunciado directamente ante la justicia la posible comisión de un delito", ha añadido el consejero que ha recordado que después del proceso esos informantes están también amparados por la Ley de la Función Pública para incidir en que la futura norma dará ese "plus de seguridad".

La previsión es que las informaciones recibidas se remitan a la Inspección General de Servicios que procederá a la apertura de una 'Información reservada' que tendrá "carácter prioritario", aspectos todos ellos que ahondan en esas garantías a los informadores, en palabras del consejero.

De Santiago-Juárez ha aclarado también que en todo el proceso se omitirán los datos relativos a la identidad del informante "y todo aquello que pudiera conducir a su identificación". Este órgano dispondrá de un plazo de dos meses -o seis meses como máximo si la complejidad del caso lo requiere- para investigar los datos.

En el caso que se detectaran indicios de la existencia de un posible delito, se comunicarán los datos al Ministerio Fiscal y se informará al empleado que haya proporcionado la información.

"Si lo que se detecta es una infracción administrativa, la información reservada finalizará con la emisión de un informe que contendrá la propuesta de apertura de expediente sancionador y se remitirá al órgano competente para su incoación", ha explicado el consejero que ha añadido que en estos casos así como en aquellos en los que tras las actuaciones reservadas no se hayan apreciado indicios de responsabilidad de ningún tipo, el informe que se emita concluyendo la información reservada se enviará al Procurador del Común como Comisionado de Transparencia para su conocimiento y se comunicará al empleado que haya informado.

Además, anualmente la consejería de la que dependa la Inspección General de Servicios presentará un informe ante la Comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León, en la que se incluirá el número de denuncias recibidas y el órgano al que se le hayan dado traslado.

Finalmente, el anteproyecto de ley incide en que será considerada falta grave la presentación de informaciones infundadas cuando se detecte de forma manifiesta su falta de fundamento - sin perjuicio de las consecuencias que establece el ordenamiento jurídico para los supuestos de acusación y denuncia falsas y simulación de delitos tipificados el Código Penal-.

"La protección a los empleados públicos constituye una garantía dirigida también a evitar el uso abusivo de la posibilidad de informar a la Administración sobre presuntas actuaciones ilícitas, por lo que mediante este anteproyecto de Ley se trata también de impedir la existencia de informaciones infundadas con propósito de difundir el descrédito de la persona a la que vayan referidas", ha explicado el consejero.