El Cabildo de Tenerife invertirá un millón de euros y los 31 ayuntamientos de la isla 322.700 euros, en el Plan Insular de Rehabilitación de Vivienda entre 2016 y 2018, cuyo objetivo es proporcionar ayudas directas a los propietarios con el fin de asegurar el uso social de los inmuebles.

El programa, presentado en rueda de prensa por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, el vicepresidente, Aurelio Abreu, y varios alcaldes, establece que el reparto se hará igual que con el Plan de Cooperación, de tal manera que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes aportarán el 50% de los fondos, los de más de 20.000 habitantes, un 20%, y los de menos de 20.000 habitantes, un 10%.

Alonso ha insistido en que este plan es "muy eficaz" para impulsar la rehabilitación y permitirá crear empleo en pequeñas y medianas empresas de la construcción, y ha avanzado que el objetivo es tener una programación estable y que este programa dure al menos cuatro o seis años.

Abreu, por su parte, ha destacado el paso que ha dado la corporación insular una vez "desapareció" el plan de rehabilitación que tenía el Cabildo, y ha incidido en que beneficiará a las familias "más necesitadas".

Los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, José Manuel Bermúdez y José Alberto Díaz, respectivamente, avalaron la necesidad de este plan, el de El Tanque, Román Martín, ha asegurado que es un programa "generoso y solidario", mientras que el de Fasnia, Damián Pérez, ha dicho que en su municipio hay muchas viviendas de personas mayores que no están acondicionadas, o de jóvenes que han vuelto al sur debido a la crisis y han heredado casas de sus padres que no están en buenas condiciones.

Viviendas legales

Las obras que se financiarán con cargo a este plan comprenderán la supresión de las barreras arquitectónicas, la sustitución de elementos estructurantes o la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad o protección contra incendios.

Para acceder a estas ayudas, que serán canalizadas a través de los Servicios Sociales, las oficinas técnicas y empresas de vivienda de los ayuntamientos, los destinatarios deberán ser titulares del inmueble —debe ser legal y adaptado a planeamiento—, estar empadronado y no disponer de recursos suficientes para afrontar la reforma.