Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado una iniciativa presentada por el PNV en la que se insta al Gobierno español a modificar su política penitenciaria y a transferir a Euskadi la competencia de prisiones. Además, reclama a Instituciones Penitenciarias que proceda al acercamiento de los presos de ETA.

Asimismo, emplaza a los presos y a las organizaciones que les apoyan a dar pasos dentro de la legalidad para su reinserción, y solicita "un reconocimiento crítico y específico de la injusticia de cada violación de derechos humanos, haya sido ésta cometida por ETA o por la violencia de cualquier otro signo".

La proposición no de norma de la formación jeltzale, que ha sido defendida en el pleno de la institución foral por el juntero y secretario del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, ha salido adelante con el apoyo de Podemos, la abstención de EH Bildu, y el rechazo del PSE-EE y el PP.

La iniciativa destaca que la política penitenciaria "tiene una importante incidencia en la realidad sociopolítica vasca" y forma parte de "las controversias que, una y otra vez, repercuten en los diferentes ámbitos institucionales vascos". Además, subraya que ésta debe considerarse como parte de una política de convivencia, "mucho más en el contexto actual".

En este sentido, señala que la Constitución española afirma que las penas privativas de libertad deben orientarse hacia la reeducación y resocialización de los presos. El texto indica que "esta explicitación constitucional cobra un valor especialmente propicio en un contexto de cese definitivo de la violencia de ETA, porque esto implica la desaparición de la amenaza de reincidencia de este tipo de delitos".

Política de convivencia

La proposición no de norma del PNV, respaldada por Podemos, invita al Gobierno español a "hacer de la política penitenciaria parte de una política de convivencia". De esta forma, le insta a modificarla, "superando los estándares de excepcionalidad", y a consensuarla con las instituciones vascas. También pide que se transfiera a Euskadi la competencia de prisiones, tal como establece el Estatuto de Gernika.

Asimismo, emplaza a los presos y a las organizaciones que les apoyan "a dar los pasos necesarios para desarrollar los procesos legales de reinserción y resocialización".

En este contexto, recuerda que se trata de procesos "que pueden habilitarse mediante la iniciativa individual y que requieren, cuando así proceda por la naturaleza del delito cometido, una reflexión responsable y autocrítica ante la vulneración de derechos humanos ocasionada por las víctimas".

Las Juntas vizcaínas solicitan, asimismo, a Instituciones Penitenciarias el acercamiento de los presos a cárceles próximas a sus lugares de residencia y que se aplique el reglamento penitenciario a los presos gravemente enfermos y a los reclusos mayores de 70 años.

Por último, se comprometen a promover en la sociedad "un compromiso de defensa de todos los derechos humanos con una perspectiva integral y no excluyente, y que comprende tanto el presente y el futuro como el pasado".

Ello implica, según la iniciativa, "un reconocimiento crítico y específico de la injusticia de cada violación de derechos humanos, haya sido ésta cometida por ETA o por la violencia de cualquier otro signo".