El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha pedido "todo el peso de la ley para los corruptos", así como su "expulsión" de los partidos políticos, pero ha abogado por "no confundir el todo por las partes", ya que la corrupción "no es una cuestión de organizaciones ni de partidos políticos, sino de personas".

Preguntado por los presuntos casos de corrupción en el PP de Madrid y de Valencia, Catalá ha dicho que "la lucha contra la corrupción ha sido un eje fundamental de la acción del Gobierno y del Parlamento en la pasada legislatura" y ha añadido que "los casos que ahora se conocen son casos del pasado, casos que se han producido porque quizá nos faltaban elementos normativos, sistemas de control, un sistema de financiación de los partidos políticos, medidas de transparencia que no adoptó el Gobierno anterior". "Este Gobierno y este Parlamento sí que lo ha hecho, por lo que hemos fortalecido la lucha contra la corrupción", ha asegurado.

Además, el ministro, que ha atendido a los periodistas antes de ofrecer una conferencia en la Universidad de Navarra, en Pamplona, ha dicho que "los asuntos que tienen que ver con el PP, como los que tienen que ver con el Partido Socialista y con otros partidos, ponen de manifiesto la necesidad de que todos los demócratas estemos juntos en la lucha contra este tipo de delincuencia".

Catalá también ha destacado que la corrupción "no es una cuestión de organizaciones ni de partidos políticos, sino de personas". En este sentido, ha dicho que "los 800.000 militantes del PP y los 7,3 millones de personas que han apoyado la opción política del PP se merecen todo mi respeto y consideración". "A los corruptos, todo el peso de la ley y la expulsión de los partidos políticos, pero no confundamos el todo por las partes", ha insistido.

Cuestionado por la propuesta de Podemos de crear una Secretaría de Estado para la lucha contra la corrupción, el ministro ha opinado que "es un error considerar que la lucha contra la corrupción es una labor exclusivamente del Gobierno". Así, ha expuesto que "contra el delito de la corrupción se lucha por parte del Gobierno, por parte de la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y desde el poder judicial".