El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha cifrado la deuda actual de las universidades andaluzas en 397,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2015, lo que supone reducir la deuda en 190 millones en los últimos seis meses, toda vez que anteriormente dicha deuda ascendía a 585 millones de euros.

En una comparecencia parlamentaria en comisión, el consejero reconoce que este asunto le produce "preocupación" y ve necesario "aportar certidumbre y agilidad", toda vez que "le exigimos a las universidades públicas rindan servicios avanzados, y le pedimos que se actualicen y se enfrente a nuevos retos, y que forman a sus profesores", para lo que "hay que darles certidumbre a su funcionamiento".

Asimismo considera que "la deuda es importante pero no es el único debate importante", toda vez que "también es importante que se pueda ejecutar el presupuesto de manera solvente", para lo cual es necesario "un trabajo constante, para que las universidades funcionen con normalidad".

En ese sentido, considera que "se debe acordar con las universidades los criterios exactos sobre cuánto se les debe". Así ha precisado que a 31 de diciembre de 2015 la deuda de las universidades es de 397,2 millones, mientras que inicios de legislatura ascendía a 585 millones, lo cual "se ha registrado una importante reducción y en seis meses se ha reducido 190 millones".

Ha destacado la importancia de estar al día en el pago a proveedores, sobre lo que reconoce que "no todas las universidades están al día del pago a proveedores", citando las universidades de Granada, Pablo de Olavide y Córdoba, que "están fuera de períodos de pago".

En ese punto ha indicado que su objetivo es "conseguir que en el cortísimo plazo ninguna universidad esté fuera de los rangos legales del pago a proveedores", toda vez que el resto está dentro de la normativa.

"Se debe garantizar además que las universidades ejecuten con normalidad los presupuestos anuales de cada año, y que las universidades liquiden con transferencias previstas", ha añadido el consejero, quien espera que el nuevo sistema de financiación de las universidades "se termine reflejando en la tesorería".

Así, espera que "se reduzca la deuda a límites normales de tránsito administrativo, esto es, que se deba lo normal y no condicione el funcionamiento corriente de las universidades, lo que les debe permitir aislar lo que ha quedado de derechos pendientes". Esperan que "se pongan los pagos a proveedores al día" y ha recordado que "problema radicaba en que el abono de cantidades económicas no podían presupuestarlo".

"La idea es que esas cantidades se incorporen al nuevo modelo de financiación para que las universidades puedan recuperar los usos, pues las universidades no deben tener déficit".

Considera además que "la idea en el nuevo modelo de financiación es que se pueda ir presupuestando a un ritmo que las universidades puedan gastar" y ha apuntado que "la investigación ha sido la primera afectada por estos problemas de gasto y de tesorería".

Ha explicado que "se ha procurado mantener en todo momento la financiación operativa, sin perjuicio de que la investigación ha sido damnificada y no ha sido posible sacar las convocatorias, una situación que se quiere revertir".

No obstante, ha valorado el "esfuerzo muy notable de la Junta y del Gobierno central a través de mecanismos de pago a proveedores, mediante el que se ha ido corrigiendo la deuda, que llegó a ser de 1.000 millones, y que se ha reducido a menos de 400 millones de euros, aunque es una cantidad que sigue siendo excesiva y se seguirá corrigiendo para que las universidades no deban a proveedores; las universidades no se pueden financiar de los proveedores".

"Se debe generar un consenso que permita un modelo de financiación en condiciones de certidumbre, que las universidades no le deban a proveedores y ejecuten con normalidad, que se pueda ir ejecutando lo que pueda gastar; la idea es devolver la normalidad a las universidades", ha aseverado el consejero, quien rechaza que exista "discriminación", especialmente en el caso de la Universidad de Granada, donde se produjeron "discrepancias que no compartimos, además de cambios en el equipo de esa universidad" y ante lo que la Junta se compromete a que esta situación "no se debe volver a repetir".

"No se tiene que deber a proveedores ni a Seguridad Social y las universidades deben volver a ejecutar con normalidad y equilibrio sus presupuestos; esto es no sólo resolver facturas sino que se debe mirar al presente y al futuro, y eliminar fricciones", ha añadido el consejero, quien considera que el modelo de financiación del futuro "debe ser realista para que las universidades puedan ejecutarlo en tiempo y forma, para que sea ejecutable, haciendo un análisis de cuales son las necesidades".

El consejero considera que la financiación de la investigación "debe efectuarse con cantidades autofinanciadas, no caben inventos súbitos", mientras que las infraestructuras "deben ser abordadas de manera separada, no mezclada".

Por su parte, la diputada de Podemos, Carmen Lizárraga, ha agradecido el "mensaje tranquilizador" desde la Junta, y aboga por "recuperar certidumbre en todas las materias".

Considera que la Junta "debe ser un aliado para resolver este problema" y otros problemas como la pérdida de estudiantes.

Ha rechazado que exista "desigualdades entre universidades" y que se articule "una herramienta para garantizar un modelo sostenible y fiable". Asimismo, ha recordado que la falta de pago a proveedoras "provoca daños a la economía local", por lo que ha reclamado "certidumbre" para el sistema de financiación.