Izquierda Unida ha presentado en el registro de las Cortes de Castilla-La Mancha una moción, para que sea debatida y aprobada en el Pleno, a fin de que el Gobierno regional se adhiera al Pacto Social por el Agua Pública en Castilla-La Mancha y se incorporé como socio de Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento.

Según Izquierda Unida, los problemas de gestión del agua que sufren los municipios "tienen la base en un modelo de gestión privado del agua, relacionado con el incremento del precio de las tarifas, la pérdida de la capacidad de control financiero y técnico del servicio, así como los obstáculos medioambientales y los escandalosos márgenes de ganancias provocan que los usuarios del servicio tengan una prestación del mismo de peor calidad que el servicio que se ofrece con gestión pública".

Por otra parte, Izquierda Unida entiende que uno de los objetivos "indiscutibles" para la Junta de Comunidades es la protección del entorno y la preocupación por asegurar un desarrollo sostenible, donde el uso racional del agua sea una cuestión de importancia "irrefutable".