La Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Zaragoza ha calificado de "manipulación interesada el ataque sin precedentes que está sufriendo este proceso" por parte de los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Desde esta Plataforma han mostrado su malestar por el "uso interesado y partidista" de los grupos municipales de PP, PSOE, Ciudadanos y CHA, de los informes técnicos, jurídicos y económicos para oponerse a este proceso.

En una nota de prensa, han asegurado que los citados grupos municipales "están tergiversando los informes emitidos por los técnicos municipales, a sabiendas de que el proceso de remunicipalización es más barato y eficiente que en la actualidad".

En este sentido, han aseverado que la remunicipalización "no solo permite que los servicios prestados sean más baratos y eficientes, sino que es la única alternativa real para acabar con las numerosas irregularidades que vienen cometiendo las grandes multinacionales y acabar de una vez por todas con el creciente endeudamiento que sufre nuestra ciudad y que pagaremos los vecinos a un precio nada razonable y que mantiene a Zaragoza cautiva de estas empresas".

Desde la Plataforma se ha subrayado que la remunicipalización "mejoraría los derechos de los trabajadores, tan deteriorados en los últimos años y los garantizaría y sería una oportunidad única de creación de empleo y mejora del servicio".

VENTAJAS

Ante los argumentos expuestos este pasado lunes por los grupos municipales de PP, PSOE, C'S y CHA, desde la Plataforma les han rebatido que la remunicipalización de los servicios públicos "siempre es más barata como se está viendo en los numerosos procesos abiertos en toda Europa en los últimos años".

También han puntualizado que la remunicipalización de los servicios del 010, puntos limpios y depuradoras supondrían un ahorro "entre el 15 y 20 por ciento, ahorro que conocen de primera mano los técnicos y partidos del Consistorio".

Asimismo, se "garantizarían" los puestos de trabajo de los trabajadores que prestan actualmente los servicios al ser subrogados a una sociedad municipal y "pasarían con sus mismas condiciones y no con las condiciones del convenio del Ayuntamiento, ya que las sociedades municipales o empresas públicas tienen sus propios convenios y no es

obligatorio adherirse al de la administración, tal y como sucede en el resto de empresas públicas", entre las que han citado Tragsa, Renfe o Adif, "hecho que conocen perfectamente los técnicos y partidos del consistorio", han apostillado.

Otro aspecto que han defendido es que al tratarse de una subrogación a una sociedad municipal la figura jurídica de los trabajadores sería la de "indefinido", al igual que cuando gana otra empresa el concurso y "no la de indefinido no fijo, tal y como recogen varias sentencias del Supremo".

Debate sosegado

En dichas sentencias se desarrolla que la figura del indefinido no fijo "no existe en las sociedades municipales, ya que se basan en el derecho privado, sentencias e informes que los técnicos y partidos del Consistorio tienen en su poder", han aclarado.

También han criticado que los informes económicos se han realizado de "forma malintencionada" para generar "dudas y excusas" en contra del proceso de remunicipalización, describiendo varias situaciones económicas "fuera de la realidad, como es la de equiparar los sueldos a los de los funcionarios del Ayuntamiento", han apostillado.

Para la Plataforma "no es neutral ni objetivo que los mismos técnicos que durante décadas firmaron todos los procesos de privatización y externalización de la ciudad ahora hagan los informes para revertir la situación" y han añadido que "más subjetivo es, si cabe para este proceso, que el actual jefe de la asesoría jurídica municipal esté investigado por el juez por pagar con dinero público los despidos de AUZSA".

Por todo ello, desde la Plataforma se ha instado a los partidos a un debate "sosegado y realista, dejando aparte las manipulaciones interesadas y partidistas", donde se ponga encima de la mesa las ventajas

que supondría iniciar un proceso de remunicipalización de los servicios públicos externalizados, ventajas como el ahorro, la eficacia, el mayor control o los mecanismos de participación en la prestación de los servicios.

Finalmente, han reclamado a los partidos "voluntad política" para resolver las dificultades que pudieran derivarse de los informes una vez estén todos finalizados.