El Gobierno andaluz ha querido dejar claro este martes que el director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Blanes, y su antecesor en el cargo y actual director general de la agencia IDEA, Antonio González Marín, citados por una juez de Sevilla a declarar en calidad de investigados tras la denuncia de una decena de exasesores del SAE en relación a la no readmisión de los trabajadores en los supuestos en los que se ha declarado nulo su despido, no están afectados por un asunto de "corrupción política", sino que se refiere a una "cuestión de gestión".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha aprovechado para expresar su "asombro" por el hecho de que el PP-A haya solicitado la dimisión de esos dos altos cargos, cuando ese partido "no está para dar lecciones a nadie, sobre todo, en estos días en los que vive marejada impresionante por la corrupción".

"Me parece un desahogo del Partido Popular que en un asunto que no es corrupción política, sino que estamos ante un asunto de una cuestión de gestión y, por tanto, no tiene nada que ver con la corrupción, se atreva a pedir la dimisión de estas dos personas", ha señalado.

En su opinión, el PP-A tiene la oportunidad de "predicar con el ejemplo" y pedir que dejen los cargos públicos a miembros del partido que están siendo investigadas o han sido imputadas por "corrupción política", como el caso de la exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) y actual diputada nacional, María José García Pelayo.

Ha aprovechado para criticar que el PP-A aún no haya pedido disculpas a la actual directora general de Minas de la Junta, que fue "atacada en su honor" con el asunto de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), que acabó siendo archivado por el juez.

Jiménez Barrios ha insistido en que "no estamos ante una situación de corrupción política" en lo que se refiere al actual director gerente del SAE y su antecesor. Ha criticado que el asunto, que ocurre en el "ámbito de la gestión administrativa", se lleve al ámbito penal y ha querido dejar claro que el SAE ha dado "cumplimiento y ha ejecutado todas las sentencias que han recaído sobre el colectivo, incluida la de los demandantes".

Respecto al hecho de que Ciudadanos (C's) haya pedido explicaciones al PSOE-A por la citación judicial de los dos altos cargos, ha indicado que, como se ha hecho siempre, se le trasladará toda la información "minuciosa y rigurosa" de este asunto, porque "somos leales con quien ha otorgado una confianza en un acuerdo de investidura".