Dentro de un año cada vecino de un edificio con calefacción central tendrá que paga por la energía que consuma, no por su coeficiente de participación. Es lo previsto en la Directiva Europea 2012/12, que, entre otros artículos, obliga a la instalación de sistemas de medición individuales en los edificios dotados con un sistema de calefacción central antes del 1 de enero de 2017.

Eso era, al menos, lo que se esperaba. El Gobierno debía incorporar esa normativa al ordenamiento español y se esperaba que lo hiciera a comienzos de 2016 –se viene esperando desde 2014–. Es lo que se llama transposición. Pero el Ejecutivo o no lo ha hecho o no lo ha lecho con todas sus consecuencias.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de Eficiencia Energética que debía incluir entre otros muchos aspectos la llegada de sistemas individuales de medición de la calefacción central. Pero el texto aprobado no lo incluye. Todo indica que el momento político, las dudas sobre la formación de un nuevo Gobierno, han llevado al Ejecutivo en funciones a esperar en la aplicación de la Directiva Europea.

Según estimaciones del sector, se han invertido más de 11 millones de euros en la instalación de 400.000 repartidores y 200.000 válvulas termostáticas aproximadamente en todo el país. Esto es, 1.250 edificios residenciales ya han apostado por individualizar su consumo de calefacción. Se calcula que 1,7 millones de viviendas con calefacción central deberían instalar medidores individuales antes del 31 de diciembre de 2016.

Los estudios realizados por las empresas del sector estiman además que la aplicación de esta medida permite reducir en entre un 20 y un 30% el consumo de calefacción –un ahorro de unos 200 euros al año a cada familia–. Además se evitará la emisión de 2,4 millones de toneladas de CO2 al año.

La mayoría de los sistemas de calefacción central actuales derrochan energía, pero además no llegan a lograr la temperatura requerida en todos los puntos de la vivienda. Para paliarlo, el Parlamento Europeo dictó en 2012 una directiva de eficiencia energética que obliga a todos los edificios con calefacción central a instalar contadores de consumo individuales. El objetivo de esta medida es repartir el gasto centralizado. El resultado es que cada propietario pague una cantidad más cercana a lo que realmente gasta.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que la instalación de los repartidores de costes y las válvulas termostáticas junto con la derrama por adaptar las instalaciones comunes, supone un desembolso de entre 700 y 1.100 euros por vivienda. Este gasto equivale a un año de calefacción para un piso antiguo en una zona bastante fría.