La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto; la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Carmen Sánchez, y el director de Ventas de Iberdrola, Eduardo Insunza, han firmado un convenio para evitar la suspensión del suministro eléctrico y de gas por impago de la factura o para el restablecimiento del mismo a familias o personas en situación de emergencia social.

El acuerdo ha sido suscrito en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, en presencia del presidente de la Comunidad, Javier Lambán, y está dirigido a quienes puedan ser beneficiarios de una prestación económica de ayuda de urgencia destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia.

El presidente del Ejecutivo aragonés ha subrayado que fruto de los pactos de investidura, el Gobierno "situó como prioridad absoluta el combate contra la pobreza y la excusión social", comenzando en aquellos ámbitos "más lacerantes de la pobreza, como pueda ser la falta de suministro eléctrico, de gas, de agua", que son "imprescindibles para una vida digna".

Ha añadido que con esta finalidad el Ejecutivo ya rubricó un acuerdo con Endesa y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), al que ahora se suma Iberdrola "en idénticos términos".

Lambán ha agradecido la colaboración de esta empresa "que redundará en beneficio de quien peor lo está pasando y de quienes están resultado más perjudicados y agobiados por los efectos de la crisis y que deben ser objeto de atención preferente por parte de los poderes públicos".

Igualmente, ha subrayado el trabajo de los ayuntamientos, cuando estas personas "han sido desamparadas por otros poderes públicos", ya que sin los municipios las políticas sociales "serían imposibles de gestionar" y se ha mostrado partidario "de que en un hipotético replanteamiento de la distribución competencial entre los poderes públicos de la Comunidad", estas políticas "sean municipales y gestionadas por los ayuntamientos".

Colaboración público-PRIVADA

El director de Ventas de Iberdrola, Eduardo Insunza, ha remarcado la colaboración entre entidades públicas y privadas "para la protección de los ciudadanos más desfavorecidos" y que se establezcan los mecanismos de coordinación entre las tres instituciones "para evitar la suspensión del suministro energético a aquellos ciudadanos o familias cuya situación de precariedad económica implica dificultades para hacer frente al pago de sus facturas de energía".

Según ha dicho, este convenio se enmarca dentro de la política general de Responsabilidad Social Corporativa de Iberdrola e incluye también "el asesoramiento al Gobierno y la FAMCP en todo lo relativo al ahorro y la eficiencia energética", además de crear una comisión de seguimiento, que se reunirá dos veces al año.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha señalado la "apuesta" del Ejecutivo por "dar respuesta" a las familias que "como consecuencia de la crisis han perdido su puesto de trabajo y no tienen ningún recurso para vivir con dignidad".

En esta línea, ha recordado que pagaron "inmediatamente" al llegar al Gobierno a todas las personas que tenían pendiente de percibir el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y en 2016 han aumentado el 12 por ciento la partida destinada al mismo.

Ahora, "queremos dar respuesta a aquellas familias que víctimas de la crisis y por falta de recursos pueden encontrarse en la grave situación del corte de suministro de electricidad o de gas" para que "no se produzca" y "puedan vivir con ese mínimo de dignidad".

Adhesión de los ayuntamientos

La consejera Broto ha deseado que muchos ayuntamientos se sumen a este convenio "y las familias se sienta apoyadas". Al respecto, la presidenta de la FAMCP, Carmen Sánchez, ha explicado que "sabemos que hay municipios que han ido por delante y se han acogido, en la Mancomunidad Central de Zaragoza".

Igualmente, ha constatado que otros han solicitado la información sobre el anexo al convenio que tienen que firmar para adherirse a él, si bien ha indicado que no disponía de datos concretos.

Por su parte, la consejera ha recordado que en 2013 se tramitaron más de 1.300 solicitudes para el pago del suministro eléctrico dentro de las ayudas de urgencia y más de 2.200 en 2014, mientras que no se dispone de datos de 2015, para recordar que además de comarcas y municipios también hay otro tipo de entidades sociales que aportan ayudas por este concepto.

La presidenta de la FAMCP ha subrayado la labor de los alcaldes de los pequeños municipios que "luchan todos los días por mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y que lo hacen algunas veces con pocas armas".

Asimismo, Sánchez ha sostenido que "es responsabilidad no solo de las Administraciones públicas, sino también de las empresas, colaborar en estas situaciones tan complicadas".

Pilar fundamental

La presidenta de la FAMCP ha agradecido al presidente de la Comunidad "la puesta en valor de los ayuntamientos, que hemos estamos relegados a un segundo plano", cuando ahora "se pone de manifiesto" que son un "pilar fundamental" dentro de las Administraciones públicas, junto con las Comunidades y la Administración General del Estado.

En otro orden de cosas, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, ha confiando en que se abone el pago pendiente por parte del Gobierno de Aragón a las comarcas, "sobre todo en el tema de servicios", para aclarar que en la comisión de comarcas de la FAMCP "no se ha trasladado" esta cuestión y "sabemos que sí se han pagado las políticas sectoriales, las nóminas y las escuelas infantiles".

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