La Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación ha adjudicado la construcción del nuevo IES de El Toyo, en Almería, a la empresa Canval Empresa Constructora por 3.396.357,24 millones de euros con el IVA incluido, de forma que, una vez que se formalice el contrato, la sociedad dispondrá de 16 meses para la construcción del inmueble de cuatro líneas.

Así consta en la resolución firmada por el director gerente de la Agencia Pública el pasado 8 de febrero y consultada por Europa Press, en la que consta que la adjudicación se realiza a esta sociedad por "tratarse de la empresa licitadora que ha presentado la oferta económicamente más ventajosas".

El importe total adjudicado asciende a la cantidad de 2.806.906,81 de euros, cantidad a la que le corresponde un IVA de 589.450,43 euros. Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Durante el periodo de licitación se presentaron al concurso un total de 69 empresas, si bien la Junta consideró que de ellas, 38 presentaban ofertas temerarias. Así, encargó un informe para el estudio de las bajas anormales o desproporcionadas de las ofertas por el que se admitieron las propuestas de dos de estas 38 empresas, entre ellas, la que finalmente hará los trabajos.

La Consejería de Educación sacó en octubre del pasado año a licitación la construcción del IES por un importe de 4.485.097,93 euros. El anuncio en BOJA especificaba que la obra es para un instituto de tipología D4.

La licitación llegó después de años de movilizaciones del AMPA y de la plataforma 'Instituto Ya! que solicitaban la edificación de esta dotación, la inclusión de partida presupuestaria específica y después de estar bloqueado por falta de disponibilidad de suelo, de competencia municipal.

La intención de la Junta una vez adjudicadas las obras pasa por que el contratista comience con los trabajos "en un periodo inferior a un mes" desde la formalización del contrato, de manera que, de cara al próximo curso, los alumnos puedan abandonar las aulas prefabricadas en la que actualmente imparten clase.

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