La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto este lunes a la admisión a trámite de la querella de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la concejala de Cultura, Celia Mayer y el director artístico Ramón Ferrer Prada por el caso de los dos titiriteros.

En su informe, el fiscal Pedro Rubira considera que no se pueden pedir responsabilidades penales a los cargos políticos y administrativos contra los que se dirige la AVT porque "no han ejecutado actos o vertido expresiones" constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Por ello, solo pide tramitar la querella de la AVT en lo que se refiere a los dos titiriteros —Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Fuente—, contra los que también se ha querellado Dignidad y Justicia, en ambos casos, por el mismo delito que ya están siendo investigados, enaltecimiento del terrorismo, si bien considera que tampoco cabe ponerles una fianza como reclamaban los querellantes.

En concreto, durante la escenificación de la obra La bruja y Don Cristóbal, de la compañía Títeres desde abajo, se mostró como parte del argumento un pequeño cartel con la leyenda 'Gora Alka-ETA'.

La AVT se querelló también contra la alcaldesa, la concejala y el director artístico responsable de la programación del Carnaval Madrid 2016, Ramón Ferrero, al considerar que, "por los cargos administrativos y políticos" que ocupan en el consistorio, "tenían que conocer el contenido de la obra que se iba a representar".

Sin embargo, el fiscal invoca la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para subrayar que el delito de enaltecimiento del terrorismo requiere "un comportamiento activo" y tiene "naturaleza esencialmente dolosa e intencional".

A este respecto, añade que a la hora de exigir responsabilidad penal rigen los principios de legalidad y tipicidad, "sin que se puedan valorar supuestas conductas o responsabilidades administrativas o políticas".

La AVT consideró a la alcaldesa "la responsable última de todas las actividades que organiza el consistorio madrileño", mientras que Dignidad y Justicia acusó a los titiriteros de ensalzar a ambos grupos terroristas y llevar a cabo una "incitación directa de odio y violencia hacia determinados sectores como la judicatura o la Iglesia" cuando mostraron durante la escenificación "acciones violentas, como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento de un policía y la violación de una monja", ante una nutrida concurrencia, sobre todo niños.

Alfonso Lázaro y Raul García quedaron en libertad el pasado miércoles tras pasar cinco días en la cárcel de Soto del Real por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales, después de que el juez Ismael Moreno admitiera un recurso de su defensa, con el visto bueno de la Fiscalía, y les impusiera comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.