El macrojuicio por el denominado 'Caso PGOU', relativo a presuntas alteraciones en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid, en la que figuran como encausados exediles del PP, técnicos y empresarios, podría demorarse hasta 2017 en el caso de que prosperen los recursos presentados por las defensas, que demandan del juez instructor que les entregue la causa original para poder elaborar sus respectivos escritos de calificación.

Once de las doce defensas—a excepción del letrado de José Luis Mayordomo, expresidente del Baloncesto Valladolid—han presentado recurso de reforma ante el juez de Instrucción número 1 y, subsidiariamente, de apelación ante la Audiencia Provincial en los que piden que José María Crespo deje sin efecto los trámites de calificación por entender que el auto de apertura de juicio oral les causa indefensión, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En concreto, aluden a trato de favor recibido tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', en el trámite de calificación ya cumplimentado por ambas partes y solicitan disponer de toda la causa original, compuesta por más de 9.000 folios, además de otros documentos, o en su caso de fotocopias de todo ello para poder elaborar sus respectivos escritos, como así estipula la ley.

En el caso de que los recursos fueron estimados y se hiciera necesario entregar la documentación original, el trámite de calificación podría dilatarse un año, en lugar del mes que el instructor ha concedido a todas las defensas, ya que cada uno de los doce letrados dispondría de treinta días para cumplimentar su escrito.

Más de 100.000 FOTOCOPIAS

En el supuesto de que se acordara entregarles fotocopias, en lugar de la causa original, sería preciso sufragar más de 100.000 páginas impresas—las defensas no están dispuestas a costearlas y podría tener que hacerlo la Gerencia de Justicia—. En este caso, se abriría un escenario distinto pues el juez podría mantener el mes de plazo dado conjuntamente a todos los letrados y no sería preciso dilatar el trámite de calificación durante un año.

La resolución de los recursos, en cualquier caso, habrá de ser muy tenida en cuenta por el instructor y, sobre todo, por la Sección Segunda de lo Penal, ya que una posible sentencia condenatoria por parte de la Sección Cuarta, que será el órgano sentenciador, abriría la puerta de la casación ante el Supremo por parte de las defensas alegando nulidad del proceso por indefensión.

La únicas partes que han presentado ya sus escritos son las acusaciones pública y la popular. La primera solicita un conjunto de penas que se elevan a treinta y dos años de prisión para trece personas, entre exconcejales, técnicos, arquitectos y empresarios.

A los encausados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

En su escrito de calificación provisional, la acusación solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, Antonio García de Coca, el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Incluye también en el listado de encausados, con peticiones de 2,5 años, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la vivienda, a los empresarios Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes acusa de inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

Peritación previa al juicio

La acusadora pública solicita asimismo, para su práctica antes del juicio oral, con la finalidad de determinar la cuantía la multa a imponer por los delitos de tráfico de influencias, que se designe a un perito titulado que dictamine sobre los beneficios pretendidos en la tramitación de los expedientes relativos a las parcelas de la Avenida de Madrid, P.K. 185, y los obtenidos como consecuencia de los tramitados en relación a las fincas de José María Lacort con Simón Aranda ('Cáritas') y la calle Arca Real número 54.

Además, de entre la extensa prueba testifical destaca la pretensión de que comparezca en el juicio, en calidad de testigo el exalcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva—ya quiso llevarlo como acusado—tras recordar que cuando se inició la tramitación del expediente de modificación del PGOU no sólo era el máximo representante de la institución sino que también "presidió las juntas de gobierno local en las que se adoptaron distintos acuerdos relacionados con los hechos incluidos en la causa e igualmente hizo lo propio en numerosos plenos en cuyo orden del día figuraban acuerdos que conciernen a los hechos".

La acusación popular en esta causa, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', ya presentó en septiembre su escrito de calificación en la que las penas más elevadas las solicitó igualmente para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, a quienes pide penas de cuatro años.

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