El Tribunal Supremo ha condenado a la Administración Sanitaria a pagar una indemnización a la familia de un hombre que murió en 1995 en el Hospital Gregorio Marañón a consecuencia de una negligencia médica, tras complicarse una operación de un cáncer, que al final no era tal.

Los doce años de proceso han merecido la pena.

Más de doce años le ha costado a Alejandro demostrar que su padre murió por culpa de la negligencia de los médicos. Ha sido un tiempo de luchas en los juzgados, de "noches en vela de cafés y cigarrillos" consultando libros de medicina.


"Me siento aliviado. No es como la alegría cuando tu equipo de fútbol gana un partido importante, es como si te hubieras quitado una losa enorme de encima. Para él, pese a "los sacrificios" realizados, los doce años de proceso han merecido la pena. "Se lo debía a mi padre", dijo.

Tenía cáncer y debía operarse

Todo empezó el 2 de agosto de 1995. Ese día, Alejandro García López, de 76 años de edad, ingresó en el Hospital Gregorio Marañón porque se "sentía mal" y se había desvanecido en casa. No creía que fuera gran cosa, pero se acercó al hospital para tranquilizar a los suyos. Allí, le comunicaron la peor noticia: tenía cáncer y debía operarse.

Tras salir de la intervención, los médicos le comunicaron que no tenía cáncer, pero que la operación se había complicado y habían tenido que extirparle el bazo. Pocos días después, el 17 de septiembre de 1995, murió por un shock séptico, insuficiencia renal aguda y pancreatitis posquirúrgica. Cuando sucedió, su hijo no se encontraba en el hospital. "Llegué y me encontré una sala enorme, con una camilla y un cadáver", recordó emocionado.

Al final, "el coraje" de su mujer le infundió ánimos y se acercó al juzgado para poner una denuncia. "Se demostraba que habían ocultado que le habían extraído un tercio del páncreas", lo que supuestamente, pudo provocarle la pancreatitis de la que murió. "Todo cuadraba", afirmó Alejandro, rememorando ese momento.

Finalmente, después de que la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el 23 de julio de 2003 volviera a fallar en su contra, el pasado 4 de julio, una sentencia del Tribunal Supremo reconoció el derecho de Alejandro a recibir una indemnización de 155.000 euros.