El Ayuntamiento de Valencia enviará un requerimiento al juzgado de Instrucción número 18, que investiga el caso Imelsa, para solicitar información "clara y fidedigna" sobre la situación de los asesores del grupo popular en el consistorio para que, si se confirma su imputación por su presunto delito de blanqueo, abrirles un expediente disciplinario al igual que se realizó la pasada semana con el asesor Luis Salom, que fue suspendido de empleo y sueldo.

Así lo ha afirmado el segundo teniente de alcalde de Valencia, Jordi Peris, en una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local de este viernes en la que también ha intervenido el primer teniente de alcalde, Joan Calabuig. Peris ha explicado que se ha aprobado el cese del asesor del PP Carlos Andrés, a petición del propio grupo municipal, aunque no se han precisado los motivos.

Peris ha señalado que en la junta, el equipo de gobierno ha planteado "mantener el criterio que se estableció desde el principio" en relación a este caso: "pedir la entrega de las actas de los concejales que han sido imputados y si no, instar al PP a tomar medidas para su expulsión del grupo municipal".

En esta línea, el edil ha manifestado que tienen "una exigencia muy clara para la presidenta del PPCV, Isabel Bonig": "queremos reclamarle que cumpla su planteamiento. Dijo que el día 18 plantearía la propuesta definitiva para el grupo municipal, y exigimos que se posicione claramente para devolver la dignidad a los plenos de este ayuntamiento, con medidas drásticas e importantes que reflejen que estas situaciones no son tolerables" en el consistorio.

Comisión de investigación

Asimismo, Peris ha destacado que el equipo de gobierno está manteniendo conversaciones con el grupo municipal de Ciudadanos para la conformación de la comisión de investigación de este caso. El concejal ha apuntado que se ha planteado "una ampliación del alcance de la comisión" que permita "revisar los mecanismos de control y supervisión de la adjudicación de contratos".

En este sentido, el edil ha explicado que "hasta el momento, solo se querían depurar responsabilidades políticas", pero que ahora "la idea es que la comisión permita entrar a analizar cómo ha sido posible que esto ocurriera en el Ayuntamiento". "Para esto, hay que revisar los mecanismos y lo que ha fallado para que no vuelva a ocurrir", ha agregado.

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el PP designe a un imputado como representante en esta comisión —actualmente tiene a nueve de los diez ediles investigados—, Peris ha advertido de que el grupo municipal 'popular' "se tendría que pensar muy bien a quién presenta" porque "no tendría ninguna lógica y sería inexplicable que hubiera un imputado en una comisión que va a investigar precisamente los hechos que envuelven su imputación". "Sería difícil de entender", ha agregado.

Peris ha indicado que la propuesta de acuerdo para la creación de la comisión se decidirá en la Comisión Informativa de Participación y Derechos que se celebrará el 18 de febrero, y de ahí se enviará al pleno de este mes para su aprobación.

Así, el concejal ha explicado que "lo más probable" es que la comisión comience a trabajar "nada más sea aprobada" pero que "los trabajos de investigación y estudio comenzarán cuando se levante el secreto de sumario" porque "hasta ese momento no habrá una información fidedigna y clara de las cuestiones en torno a las que girará la comisión".