La Junta de Castilla y León, la Federación de Asociaciones Castellanoleonesas de la Tercera Edad (Acalerte) y la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares) han firmado este viernes un protocolo mediante el que colaborarán en la formación de 5.200 profesionales para la implantación del modelo 'En mi casa', el cual difundirán y desarrollarán de manera conjunta.

El protocolo de colaboración lo han rubricado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y los presidentes de Acalerte y Lares, Diego Juez y Jorge Sainz, respectivamente.

El Alicia García ha explicado que lo que se pretende es trabajar conjuntamente en la implantación del modelo, "innovador y moderno" para mejorar la red de recursos, para lo que se llevarán a cabo labores de difusión e información sobre el mismo, dado que supone cambio organizativos, así como formación específica y capacitación de los profesionales implicados, gerentes y directores de centros.

De la misma forma, las asociaciones del sector colaborarán en el desarrollo normativa de los decretos que regulan el modelo 'En mi casa', aprobado por la Junta y que supone un nuevo modelo de atención en residencias y centros de día. En concreto, abordarán los contenidos y estructuras de las normas de desarrollo de cuestiones como el 'proyecto de vida' o el 'plan de gestión de la calidad en los centros', para lo que se crearán grupos de trabajo.

La consejera ha concretado que habrá tres fases en la implantación, la primera de ellas de difusión y explicación que se prolongará durante unos seis meses, una segunda de formación a lo largo de dos años y una tercera fase de "tutorización", coordinada por la Junta pero sobre todo por las gerencias territoriales de Servicios Sociales.

Una de las primeras actuaciones concretas, ante el interés que ha despertado entre las comunidades autónomas la aprobación del modelo, es la organización de una jornada divulgativa con carácter nacional que mostrará el modelo de atención, que a su juicio tiene "evidentes beneficios", como reflejan los resultados obtenidos en las experiencias piloto llevadas a cabo.

También se organizarán jornadas informativas en todas las provincias y se desarrollarán acciones formativas que llegarán a unos 5.200 profesionales, 3.200 de ellos mediante 60 actividades en colaboración con el sector. A ello se sumará la formación de profesionales expertos que asesorarán en los centros sobre la implantación de este modelo.

Alicia García ha recordado que Castilla y León cuenta con 45.783 plazas residenciales en 687 centros y 5.261 en 222 centros de día con estancias diurnas, que se podrán beneficiar del modelo.

Con este protocolo, ha explicado Jorge Sainz, no se pretende una declaración de "buenas intenciones" sino abordar de una manera decidida el modelo, algo que supondrá un "esfuerzo extraordinario" que habrá que llevar al "día a día" pero que está convencido de que es "lo mejor para los mayores".

Por su parte, Diego Juez ha incidido en que la Comunidad ha concretado que lo que se busca es dar un giro a la pregunta que se hacen los mayores de qué hacer cuando llegan a un centro residencial y cambiarla por la cuestión de "qué es lo que quieren hacer".

El presidente de Lares ha explicado que se han dado cuenta desde el principio de que para las personas mayores con dependencia que no pueden vivir en su casa y acuden a un centro residencial, éste paso tiene que ser lo menos traumático y no ser sinónimo de institucionalizar, sino seguir viviendo como lo hacía hasta ese momento, para lo que hay que tener en cuenta sus gustos y forma de vida para tratar de que el centro sea "su nueva casa".

AVANCES

Los decretos aprobados la semana pasada se centran en el modelo 'En mi casa', un modelo de atención integral centrado en las personas mayores, en sus necesidades y en sus deseos. Para ello, se introducen elementos clave como el 'proyecto de vida', 'el profesional de referencia' y las 'unidades de convivencia'.

Una de las grandes novedades de esta normativa es la necesidad de que las personas usuarias de centros residenciales y de estancias diurnas cuenten con un 'proyecto de vida' como garante del derecho de autodeterminación de los usuarios, que debe garantizar asimismo el control de su propia vida y deberá contener el 'plan de apoyos' para conseguir hacer efectivos sus deseos.

Para que el proyecto de vida sea una realidad, cada usuario de los centros contará con un 'profesional de referencia', que establecerá con la persona mayor una relación de apoyo, constituyendo para él una figura de referencia en el centro para la atención, canalización y resolución de sus problemas y demandas.

La normativa indica también que en los centros nuevos o en las ampliaciones de los existentes, el espacio se organice en 'unidades de convivencia', con un máximo de 16 plazas, que permitan acercarse lo máximo posible al concepto del hogar familiar y dar un paso más en la personalización de la atención. Con relación a los centros existentes, será opcional su adaptación en unidades de convivencia y se establece un sistema viable de adaptación, en su caso, para atender a las personas dependientes.

Se trata de un modelo que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores en general, tanto de aquellas que están en centros residenciales como de las que viven en sus domicilios y necesitan apoyos para su vida independiente.

En este sentido, al centro residencial y al centro de día se incorporan dos nuevas modalidades de organización de los servicios: el centro multiservicio, que ofrece la posibilidad de ofrecer los servicios en el domicilio en el que resida la persona o en el propio centro; y las unidades de atención socio-sanitaria, dispositivos de media estancia que atienden a personas con necesidades simultáneas de salud y servicios sociales hasta que se produzca el alta sanitaria.