El colectivo conservacionista WWF ha comenzado una reflexión interna para definir si finalmente acometerá algún tipo de acción legal contra el texto de la planificación hidrológica para el periodo 2016-2021 de la cuenca del Guadalquivir, recientemente aprobado por el Gobierno central, pretensión inicial en tanto que éste, ya remozado tras sentencia judicial del Tribunal Supremo y una vez superado el dictamen del Consejo Nacional del Agua, sigue incluyendo el proyecto de dragado de profundización promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla.

El motivo de que esta idea se esté replanteando, según ha indicado a Europa Press el portavoz de WWF en Andalucía, Juan José Carmona, es la renuncia "tácita" que, consideran, se está dando por parte del Puerto al proyecto, dado que "parece que se han dado cuenta por fin de que la información de base de la que se partía era mínima y han encargado un montón de estudios".

Aunque la asociación considera que lo idea sería fomentar la transparencia y aprovechar las infraestructuras ya existentes en este sentido, se congratula de esta tesitura para con una iniciativa que está "prácticamente muerta", si bien cree que tanto Estado como Autoridad Portuaria deberían tener la "valentía política" de "enterrarlo definitivamente".

"No es deseable mantenerlo como un zombie", ha resumido Carmona, que explica que lo que se podría hacer es que dentro de un periodo indeterminado de tiempo, una vez que se cumplan los condicionantes científicos, "planteen lo que quieran".

Asimismo, entre las razones de la reflexión apuntan la "presión" de la Unesco, que sesión tras sesión de su Comité de Patrimonio Mundial insiste en que se deseche totalmente el proyecto para salvaguardar las marismas de Doñana, y los avisos de Europa respecto a los planes hidrológicos y una posible vulneración de normativa.

En concreto, la sentencia anulaba las disposiciones del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir que hacen referencia al dragado del canal del Puerto de Sevilla, una solución que consideraba no conforme con el ordenamiento jurídico, cuya necesidad no está "justificada" y que no puede ser concebida como una medida complementaria. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), de su lado, tachaba el defecto de un "error de forma" y reconfiguró el plan aprovechando el periodo de alegaciones.

En cuanto a la Junta andaluza, ésta emitió un voto particular en el marco del Consejo Nacional del Agua para reiterar su disconformidad con algunos puntos del proyecto. Concretamente, el consejero, José Fiscal, apuntaba que el Gobierno andaluz no puede admitir la inclusión del dragado en profundización del Guadalquivir en dicho plan.