Mientras el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla está citando como imputados por un presunto delito de desobediencia a las personas detenidas el pasado 11 de noviembre por un encierro reivindicativo en la sucursal del banco Santander de la calle Campana, dentro de las protestas promovidas por las personas acampadas en Coria del Río en demanda de la reestructuración de sus hipotecas, el Ayuntamiento de dicho municipio reclama la retirada de los cargos que pesan sobre ellos.

Los detenidos y ahora citados como imputados, recordémoslo, son varios miembros de las familias acampadas en Coria del Río hasta finales de 2015 en demanda de la renegociación de sus hipotecas, otros activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la concejal de Participa Cristina Honorato. Tras su arresto aquel 11 de noviembre, todos ellos fueron conducidos a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, donde se les atribuyeron presuntos delitos de desobediencia, coacciones, desórdenes públicos, "amenazas y hostigamiento".

Tras acogerse a su derecho a no declarar aquella misma jornada, la Policía Nacional les fue poniendo uno a uno en libertad con cargos, remitiendo el asunto a los juzgados, toda vez que la causa habría recaído en el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla. La citada instancia judicial, según una notificación recogida por Europa Press, está convocando a las mencionadas personas en calidad de "imputados" de un presuntos delito de desobediencia, para que comparezcan los días 23 y 24 de marzo.

Respecto a las personas acampadas ante una sucursal del banco Santander de Coria del Río en demanda de la reestructuración de sus hipotecas, los protagonistas de este conflicto en cuestión, levantaron su acampada y concluyeron sus movilizaciones a finales de 2015 después de haber visto "resueltos" sus casos mediante la negociación.

Como medida de poyo institucional, el partido Coria Puede, con el apoyo del resto de grupos y del Gobierno Municipal, insta al banco Santander la retirada de cargos en los procedimientos abiertos contra los activistas de la PAH de Coria. El Ayuntamiento, recordémoslo, había acordado ya declarar entidad "non grata" a la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), la filial del Santander con la que estas personas concertaron sus préstamos hipotecarios.