La diputada autonómica de IULV-CA Elena Cortés se ha interesado este jueves en el Pleno del Parlamento por "la interminable lista de conflictos laborales asociados a la gestión del Gobierno" andaluz, frente a lo que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha lamentado que la federación de izquierdas se sitúe "tras la camiseta" de las reivindicaciones en esa materia y ha negado privatizaciones.

En concreto, Cortés ha preguntado a Susana Díaz, en el transcurso de la sesión plenaria, por la opinión de la Junta acerca de los "conflictos laborales provocados por la gestión de su Gobierno", y en ese sentido ha citado "procesos de privatización de servicios públicos como por ejemplo el 061, el 112, las cafeterías de hospitales, los comedores escolares o la ayuda a domicilio", así como la existencia de "conflictos" en empresas públicas como Agapa, Amaya o Cetursa, o el que protagonizan los intérpretes de lengua de signos que trabajan para Canal Sur TV, que mantienen una huelga indefinida.

La portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento andaluz ha subrayado que su formación no ve que haya "acción del Gobierno por resolver estos problemas" que "preocupan" a la federación de izquierdas, porque ese comportamiento, según ha abundado, "no se compadece con el discurso" que la presidenta de la Junta "mantiene públicamente de defensa aparentemente cerrada de los servicios públicos", cuando además "vemos cómo avanza en Europa el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA)" con el voto a favor del PSOE, pese a que dicho acuerdo "busca convertir los servicios públicos en mercancías", y ha mostrado "preocupación" porque el proyecto de Ley de Servicios Sociales "avanza en ese proceso de privatización".

En su primer turno de palabra, la presidenta de la Junta ha respondido afirmando que las afirmaciones de Cortés no habían sido "rigurosas", porque el Gobierno que ella preside "no ha llevado a cabo ninguna privatización de servicios públicos", tampoco, según ha apostillado, cuando IULV-CA —y la propia Elena Cortés como consejera de Fomento y Vivienda— formaba parte del mismo en la anterior legislatura.

En esa línea, Díaz ha argumentado que la parlamentaria de IULV-CA ha tratado "conflictos laborales de empresas que tienen algún tipo de servicios externalizados", y en todo caso ha asegurado que desde la Junta siguen actuando "de la misma manera" que cuando la federación de izquierdas formaba parte del Consejo de Gobierno, de modo que en esa materia se mueve "en el terreno del diálogo y el acuerdo", procurando "evitar siempre los enfrentamientos" y buscando "la eficiencia y la eficacia en las políticas públicas".

"recuperación de derechos" laborales

Además, Susana Díaz ha subrayado que la Junta trabaja actualmente para la "recuperación de derechos" perdidos por los trabajadores en los años de crisis económica, y en esa línea ha enumerado medidas encaminadas en esa dirección con los empleados públicos andaluces como beneficiarios.

Así, ha citado la recuperación del 100 por cien de la jornada y la retribución de los empleados sanitarios; de la devolución, prevista para finales de este mes de febrero, del 25 por ciento de la paga extraordinaria de 2012 de los empleados públicos, o la recuperación de días adicionales por asuntos particulares.

Tras cifrar en 370 millones de euros "el desembolso que va a hacer la Junta para que sus empleados públicos empiecen a recuperar derechos", Díaz ha subrayado el propósito de su Gobierno de que "en esta legislatura" dichos trabajadores "recuperen todos y cada uno de los derechos que la crisis se llevó por delante".

IU:

Díaz "se esconde en un burladero que ya no existe"

En su segundo turno de palabra, la diputada Elena Cortés ha criticado que Susana Díaz "se esconde en un burladero que ya no existe" al hablar "permanentemente del Gobierno anterior", del que formó parte de IU, y ha insistido en enumerar los "conflictos laborales asociados a la gestión" de la Junta.

Al hilo, ha advertido de que "no puede ser que cuando se externalizan" servicios como en el 061 o el 112 "no haya un seguimiento del cumplimiento exhaustivo de las condiciones de los pliegos" de esos procesos, o que "cuando haya un menoscabo de las condiciones laborales", el Gobierno de la Junta "mantenga una equidistancia insoportable", porque el Ejecutivo andaluz "tiene que proteger los derechos de los trabajadores".

Para concluir el debate, la presidenta de la Junta ha lamentado que a la exconsejera de Fomento "le moleste los dos años y medio" que ambas compartieron "en el Consejo de Gobierno", y en ese sentido ha indicado que a Cortés no le escuchó "preguntar por el 061 o el 112" en ese periodo de tiempo.

Ha subrayado que no se puede "permitir que se incremente la brecha de la desigualdad" entre trabajadores, y en esa línea ha defendido la introducción de "cláusulas sociales" como mecanismo para que en "aquellas empresas que prestan servicios que no se han privatizado, que tienen externalizado otro tipo de funciones, empiecen a recuperar derechos".

Tras defender que su Gobierno "no se lava las manos nunca ante ningún conflicto", ha aseverado que desde la Junta van a "seguir manteniendo la colaboración con sindicatos y la Inspección de Trabajo para que se garanticen las condiciones laborales" de los trabajadores, pero ha advertido de que no se le puede "pedir que vulnere la ley".

En esa línea, ha reprochado a la representante de IU que se sitúe "detrás de la camiseta", y ha aseverado que "cuando se le transmite a los trabajadores que tienen un conflicto laboral que su solución pasa por que la Junta rescate ese servicio se les está engañando, porque entonces esos trabajadores perderían su empleo", ha apuntado antes de concluir afirmando que "el diálogo, el acuerdo y la recuperación de derechos seguirán siendo la hoja de ruta" del Gobierno andaluz que preside.