El Gobierno vasco ha propuesto a las centrales sindicales, en la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi celebrada este jueves, que el personal público recupere los días libres por antigüedad en 2016.

El Gobierno vasco ha convocado a la mesa a las centrales sindicales -ELA, LAB, CCOO y UGT- que representan al conjunto de las casi 70.000 personas empleadas de la Administración Pública Vasca.

Por parte del Gobierno, han participado el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, y los directores de Función Pública, Juan María Barasorda, Relaciones Laborales, Estefanía Gordoa, Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Maite Iruretagoiena, así como los responsables del área de Recursos Humanos de Osakidetza, José María Armentia, la Ertzaintza, Karmele Arias, Justicia, Jon Uriarte y Educación, Konrado Mugertza.

El Gobierno vasco ha propuesto a las centrales sindicales que el personal público vasco recupere en 2016 los días libres adicionales por antigüedad, los conocidos como "canosos", suprimidos en 2012 por el Gobierno español.

Así, los trabajadores de la Administración Pública vasca tendrán derecho a disfrutar de "dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido, a partir del octavo", ha informado Gobierno vasco, para precisar que "el derecho a su disfrute nacerá a partir del día siguiente al del cumplimiento del trienio correspondiente".

Según el Ejecutivo vasco, esta medida tendrá un impacto económico de alrededor de 6 millones de euros y se hará efectiva desde el 1 de enero de 2016.

Además, el Gobierno vasco ha informado a los sindicatos de que abonará en el mes de abril otro 25% de la paga extra retirada por el Gobierno español en 2012.

Estas medidas se suman a otras adoptadas por el Gobierno vasco, como la subida del salario en un 1%, recuperación de las 35 horas semanales y 6 días libres por asuntos particulares, para "paliar los las consecuencias de los recortes en materia de función pública decretados por el Gobierno español desde el año 2010, haciéndolo con el máximo rigor presupuestario y económico".

En total estas medidas de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la administración pública vasca supondrán una inversión de alrededor de 106 millones de euros en 2016.