EH Bildu ha acusado al Gobierno vasco de "haber permitido, de alguna forma, el fraude" de los comedores escolares, después de que la Autoridad Vasca de la Competencia haya impuesto una multa de 18 millones de euros a ocho empresas adjudicatarias de este servicio en los colegios públicos vascos por actuar de manera concertada e impedir la libre competencia, incrementado los costes.

En una rueda de prensa ofrecida en Vitoria, los parlamentarios Iñaki Lazarobaster y Belén Arrondo han anunciado que la coalición volverá a buscar el apoyo del Parlamento vasco para cambiar la orden que impide a los comedores escolares poder prescindir de las empresas de catering, ya que, en este momento, "es obligatorio" que participen en el proceso de gestión del comedor.

EH Bildu ya presentó una iniciativa en este sentido en 2013, que fue rechazada por el resto de grupos de la Cámara. De esta forma, cree que la sentencia de la Autoridad de la Competencia avala sus tesis.

Lazarobaster ha manifestado que la sentencia publicada por la Autoridad Vasca de la Competencia ha demostrado que este modelo de gestión de los comedores escolares "es un modelo fallido". "Las empresas de catering han pactado el reparto del mercado y los precios, cometiendo un claro fraude y alargándolo durante varios años. Lo que estaba sucediendo era evidente y el Gobierno vasco no ha sido capaz de revertir esta situación", ha denunciado.

Tras señalar que "la alimentación de nuestros hijos e hijas es demasiado importante como para dejarlo al albur de intereses económicos", ha apuntado que EH Bildu volverá "a retomar las iniciativas para que el servicio de comedores de la red escolar se abra a modelos alternativos que posibiliten la participación de las escuelas, los productores del entorno, arrantzales y pequeños comercios".

Para ello, cree necesario que el Ejecutivo derogue la normativa actual en vigor, "que hace obligatoria la participación de las empresas de catering en alguno de los procesos de gestión del comedor". "Nuestro objetivo es que se abra la puerta y se fomenten los modelos alternativos, amparándolos desde la administración pública", manifestado.

En este sentido, ha insistido en que "el principal obstáculo es la orden de Lakua que se promulgó en el año 2000 y que hurtó el derecho de cada centro a elegir la gestión de su comedor, sin que ello fuera en detrimento del apoyo público que pudiera recibir".

Abrir los ojos

Tras señalar que ya en 2013 presentó una proposición no de Ley similar que fue rechazada por el resto de grupos, ha indicado que "este fraude puede abrir los ojos a quien defiende que el actual es el mejor sistema".

Por último, ha anunciado que interpelará a la consejera durante el siguiente pleno de control sobre esta cuestión y presentará una iniciativa al respecto.