"Es evidente que no fue un buen negocio". Con estas palabras ha calificado el ex presidente regional, Alberto Garre, la desaladora de Escombreras tras aludir a informes de la intervención general y del Tribunal de Cuentas sobre esta infraestructura.

Según ha expuesto, el informe de la intervención general estipula una hipótesis sobre los resultados de la sociedad si se hubiese destinado durante el ejercicio 2012-2015 el 90 por ciento de su producción al consumo urbano, esto es, unos 20 hectómetros cúbicos, de modo que los precios hubieran sido superiores a los obtenidos hasta la fecha y las cifras de negocio se encontrarían "muy cerca de su capacidad potencial".

En este cálculo se contempla que el costo variable de operaciones y mantenimiento se mantiene en 0,26 euros el metro cúbico. Sin embargo, y tal y como ha detallado Garre, la pérdida media de producción asciende a 6 millones de euros, lo que unido a los gastos financieros equivaldría a que los resultados negativos anuales se sitúe en unos 13 millones de euros durante el periodo 2012-2015.

"Es evidente que no fue un buen negocio", ha declarado. Garre, que hoy cumple 64 años, ha comparecido en dicha comisión tras el ex presidente regional Ramón Luis Valcárcel. Aunque parte de su comparecencia la ha destinado a aludir a los informes sobre la desaladora de Escombreras, también ha informado sobre lo que él hubiese hecho, que pasa por "seguir insistiendo en la solución hídrica para la Región sin renunciar a los trasvases".

Para Garre, en la Región y en la Asamblea se ha cometido el "tremendo error" de querer blindar el trasvase Tajo-Segura porque "si los ríos no se pueden blindar, mucho menos un trasvase. Cometemos el error de ir a hacer lo mismo que han querido hacer en otras Comunidades Autónomas".

En sus palabras, él hubiese buscado otras soluciones contando con todos los informes económicos y jurídicos, que para eso está la intervención y los servicios jurídicos. Cree que esto hubiese "evitado que el Ente Público del Agua hubiese asumido como públicos compromisos societarios de empresas privadas".

Durante su alocución ha afirmado que se firmaron "contratos leoninos", algo que, ha dejado claro que nunca se hubiese permitido hacer. "Ni siquiera hubiese escapado a mi control las operaciones del Ente Público del Agua" y advierte que para suscribir dichos contratos se hubiese cerciorado antes del coste de ejecución y de mantenimiento, "de su viabilidad financiera".

El ex presidente regional confirma que hubiese aconsejado, "y me consta que se hizo", a los ayuntamientos que extremaran las precauciones en la firma de conciertos urbanísticos "porque luego pasa lo que pasa".

Ha asegurado que ha oído hablar de los 140 millones de coste de la desaladora, así como de los 180 millones por los que se vende, aunque ha recordado que él aterriza "en este asunto en abril, que es cuando aparece el primer informe de intervención. De ahí a que el Gobierno entró en funciones hay escaso tiempo. Se celebraron elecciones y no pudimos ahondar".

El ex presidente regional también ha afirmado que le "suenan" los 600 millones de la demanda que se ha interpuesto a la Comunidad por la desaladora, "pero no los admito de ninguna manera. La planta iba a costar 111 millones. Debemos intentar solucionar el problema con la máxima prontitud".

En su opinión, para el tema de la desaladora, que está actualmente en los juzgados, "hay que negociar una salida en base a una transacción judicial sobre los gastos reales de su ejecución".

De no ser así, plantea la opción de interponer una demanda por los "contratos leoninos, que han sido perjudiciales para los intereses regionales y olvidarnos del carnaval político en que está sumida España y la Región". Exige, por tanto, tratar con seriedad este asunto así como solidaridad institucional entre los grupos parlamentarios.

Por último, ha agradecido el "regalo de cumpleaños" de llamarle a comparecer en la comisión de investigación y que es favorable a que este tipo de comisiones sean "abiertas para que en directo se saque una conclusión no tergiversando", a lo que ha añadido que su educación no viene de sus jefes políticos, "sino mis profesores de la Facultad de Derecho y no me enseñaron a ponerle zancadillas a la justicia".