El ex presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado esta mañana durante su comparecencia ante la comisión que investiga la construcción y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras que "ni cuesta 600 millones de euros" como denuncia la oposición "ni hay entramado societario" en su puesta en funcionamiento.

Durante su primera alocución, que ha sobrepasado los 40 minutos que tenía previsto, Valcárcel ha manifestado su intención de "acabar ya con el bulo" de que la planta cuesta 600 millones. Ha dicho que la planta cuesta un máximo de 180 millones y que actualmente el Gobierno regional ya ha pagado 49 millones por la infraestructura.

"Florentino la vende por 180 millones de euros. Se acabó ya el bulo de los 600 millones, no lo digo yo, sino el que está dispuesto a vender", ha advertido. El ex presidente regional ha aclarado que los 600 millones surgen cuando la Comunidad deja de pagar el canon anual a los acreedores de la desaladora, Hydro Management y Tedagua, "porque no había dinero para pagar".

En ese momento fue cuando ambas empresas deciden acudir a los juzgados a reclamar lo que se les debe. "De ahí sale la reclamación de los 600 millones de euros, que es lo que hubiera costado el desarrollo de la infraestructura hasta el año 2034", ha reiterado.

A su vez, ha confirmado que se reunió con el presidente del Real Madrid y de ACS, Florentino Pérez, propietario del 80 por ciento de la desaladora a través de Cobra, para alcanzar un acuerdo. Valcárcel ha querido contrarrestar las acusaciones de los diputados de la oposición que denuncian "el contrato draconiano" de la de Escombreras.

"No existe un contrato draconiano. Los servicios públicos pueden ser más o menos beneficiarios, pero no suelen ser nunca servicios con superávit", ha indicado al tiempo que ha afirmado que la desaladora no ha dejado de producir agua, "cosa distinta es que el Gobierno regional o el Ente Público del Agua sea capaz de poder colocar esa agua comprometida mediante convenios con los ayuntamientos".

A su vez, ha reconocido que los resultados de los primeros años no fueron buenos. En este sentido ha afirmado que desde el año 2006 la planta produce un déficit. Ha aclarado que las perspectivas de crecimiento de la desaladora son distintas cuando comienza la crisis económica. Aunque también cree que 2016 será el año en el que se produzca "la máxima producción y venta" del agua desalada. Apunta a que la infraestructura está al 76%.

Valcárcel ha contrarrestado las críticas de la oposición sobre el "despilfarro" de la construcción y ha defendido la idoneidad de la planta porque sirve para estar abasteciendo al campo de Cartagena, a mantener 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos y para abastecer de agua potable a los 28 ayuntamientos con los que se suscribieron los contratos.

Durante su intervención, ha explicado que la Asamblea aprobó por mayoría la ley para constituir el Ente Público del Agua (EPA), que se constituyó para promover y ejecutar directamente o a través de otras entidades públicas o privadas acciones para satisfacer las necesidades de agua. En dicha norma se estipula que el EPA puede constituir sociedades o participar en el capital de sociedades que contribuyan a ese fin.

"La ley regional de creación del EPA es respuesta a la derogación en 2004 del Plan Hidrológico Nacional para paliar el déficit de agua", ha comentado. Según dice, el EPA solo puede contratar con los ayuntamientos y abastecerlos de agua. "Nunca alcanzó ningún contrato con empresarios, con la excepción de que cuando el agua tiene destino la agricultura, porque los ayuntamientos no tienen competencia en esa materia".

Tras la creación del EPA, en 2006 el Gobierno regional decide abordar la producción de la desaladora de agua "contando con los informes jurídicos correspondientes", ha advertido al tiempo que ha reiterado que el proyecto de la desaladora ya estaba en marcha de mano de inversores privados con la finalidad de poder abastecer a municipios de la Región con agua potable.

Otra de las cuestiones que ha debido aclarar tiene que ver con el entramado societario a través del Ente Público del Agua. El consejo de Administración el EPA se constituyó en noviembre de 2005 y estaba presidido por el ex consejero Antonio Cerdá.

El Consejo de Gobierno autorizó el 17 de febrero de 2006 al EPA para que constituyera Hidronostrum y se aprobaran sus estatutos. "Se ajustaba a las disponibilidades legales de la administración", ha dicho. A su vez ha añadido que la estructura societaria "es bastante simple".

Ha aclarado que cuando se constituye Hidronostrum se autorizó la compraventa de las acciones de la mercantil Cobra y la primera compañía pasa a ser titular del 25% del valor nominal de las acciones. La sucesiva cesión de titularidad de la desaladora no es tal, según Valcárcel. Añade que ahora solo están las empresas Hydromanagement y Tedagua.

La construcción de esta planta la promovió Hydromanagent participada actualmente por la compañía Tedagua (Grupo Cobra), la cual realizó el diseño y la construcción de las instalaciones. La primera es una empresa de capital murciano que es la que pone en marcha el proyecto, mientras que la otra es ACS.

"ACS adquirió el 80%, con lo que era socio mayoritario y firmó un contrato con Hydro Management para su mantenimiento y cuando se crea el EPA, entra en esas empresas", ha señalado.

Con puntualidad

El ex presidente de la Comunidad llegaba sobre las 9.15 horas. Tras reunirse durante unos minutos con diputados de su grupo parlamentario y ser recibido por la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, Valcárcel ha acudido a la sala donde debía comparecer. Sobre las 10.15 horas ha comenzado la comisión.

El diputado del PSOE, Jesús Navarro, ha dado inicio a la comparecencia de los parlamentarios, quien le ha formulado una extensa batería de preguntas en las que se ha interesado por los intereses urbanísticos que existían a la hora de construir la desaladora, qué conexión tiene dicha infraestructura con la urbanización Novo Carthago, si se reunió con Florentino Pérez, propietario de ACS, o si lo hizo alguno de los consejeros del gobierno que presidía.

El siguiente en comparecer ha sido el diputado de Podemos, Antonio Urbina, que ha iniciado su intervención agradeciendo que la comisión pudiera ser pública. El diputado ha advertido que podría haber errores de forma en los contratos privados que se firmaron y ha instado al ex presidente regional a reconocer que eso fue así y que se incurrió en alguna "mala gestión" que permitiera a la Comunidad a denunciar estos contratos y poder romperlos.

Urbina ha dicho durante su alocución que una de las claves de la desaladora son los 570 millones que reclamó el grupo Cobra a la Comunidad por lucro cesante, ya que la desaladora pierde 13 millones al año y costó 117 millones.

El portavoz de Ciudadanos (C's), Miguel Sánchez, ha coincidido con diputados de los otros grupos en que "ustedes hacían las cuentas del gran capitán y lo que tenemos son las cuentas de una mala gestión". Se ha referido a los créditos que pidieron las constructoras y que luego ha tenido que asumir la Comunidad.

Por último, el diputado del PP, Juan Luis Pedreño, ha informado que entre todas las preguntas que le han hecho los grupos parlamentarios, Valcárcel iba a contestar a 85 preguntas, 48 por parte del PSOE, 16, de Podemos, otras 16 de Ciudadanos y 3 ó 4 preguntas por parte del PP.

Los populares solo han inquirido al ex presidente regional sobre la situación actual de funcionamiento la desaladora y se han interesado por el número de empresas que han intervenido en su construcción.