El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha comunicado a los representantes de las federaciones sindicales de Industria de UGT y CCOO que el cierre de la planta térmica de Elcogas, en Puertollano (Ciudad Real), responde a una "decisión empresarial de los propietarios de la central, adoptada en el ámbito de una actividad liberalizada, como es la generación eléctrica, que se realiza en régimen de libre competencia".

En una carta remitida a los sindicatos en respuesta a su petición de una reunión tripartita con la empresa y el Ministerio de Industria para desbloquear el conflicto, el secretario de Estado ha subrayado que, si bien comparte la "inquietud y preocupación" por el cierre, "el Gobierno no participa en modo alguno en esa decisión libremente adoptada por los propietarios".

En su misiva, tras recordar que los accionistas solicitaron la autorización de cierre en 2014, "un procedimiento administrativo reglado en el que el Ministerio debe atenerse a la normativa vigente", Nadal repasa los pasos que desembocaron en la presentación, por parte de los accionistas, el pasado 22 de diciembre, del plan de viabilidad mediante hibridación de combustibles fósiles con biomasa.

Según Nadal, este estudio vincula la viabilidad de la empresa a la obtención de un marco regulatorio específico antes de 31 de diciembre de 2016, y supone una "modificación del marco normativo vigente" para obtener "una retribución específica a realizar con cargo a los costes del sistema eléctrico, es decir, sufragada por todos los consumidores eléctricos".

En este sentido, el responsable ministerial recuerda que la normativa del sector contempla la posibilidad de establecer, en determinadas condiciones, un régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos.

No obstante, puntualiza, "el otorgamiento de un régimen retributivo singularizado para esta instalación cuya producción no se origina a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración ni residuos, sería contraria a la normativa comunitaria y española".

A juicio del secretario de Estado de Energía, la viabilidad de la instalación "pasa inexorablemente por un esfuerzo conjunto tanto de la empresa y trabajadores como de todas las administraciones públicas implicadas (Gobierno, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y ayuntamientos) dentro del ámbito de sus respectivas competencias".

Respecto a la empresa, Nadal considera que le corresponde elaborar un plan "para establecer mejoras de eficiencia, reducir los costes o acometer las inversiones o adaptaciones que la hagan competitiva, y ninguno de estos planteamientos han sido incluidos en el plan de viabilidad presentado".

En lo que atañe a los ayuntamientos y comunidad autónoma, Industria sostiene que "deben proponer medidas, en el ámbito de sus competencias" que "tampoco han sido incluidas en el plan presentado".

Nadal subraya que el Gobierno, por su parte, "está dispuesto a considerar que la hibridación de combustibles fósiles con biomasa tenga cabida dentro de la normativa, en la medida en que puede contribuir al logro de los objetivos medioambientales".

Así, ha subrayado que "una hibridación como la planteada por la empresa, una vez adaptada a la normativa actual, puede tener cabida en una eventual convocatoria de régimen retributivo específico en la que, sin prejuzgar su resultado, Elcogas podría competir y optar a dicho régimen".

"Les invito a que sigamos trabajando, administraciones, empresas y agentes sociales, para apoyar la actividad empresarial que permita mantener de forma sostenible el empleo y el tejido industrial en la comarca de Puertollano", concluye la carta de Nadal.