La Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita, el Foro por la Educación de Castilla y León y los sindicatos de enseñanza de CCOO, CGT, UGT y STECyL han criticado los "recortes" y la política "privatizadora" de la investigación que a su juicio lleva a cabo la Junta de Castilla y León.

Estos colectivos, en un comunicado recogido por Europa Press, han censurado que la Consejería de Educación pretenda que la I+D de Castilla y León esté "al servicio intereses empresariales" y que la Junta "continúa con su política privatizadora y de recortes del 75 por ciento", algo que consideran que "da al traste con la mayoría de las líneas de investigación, a pesar de las promesas a la comunidad científica el año pasado".

En concreto, se refieren a la orden publicada el 29 de diciembre en pasado en el Boletín Oficial de la Comunidad por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación.

A este respecto, han incidido que los proyectos de investigación que pudieran ser subvencionables, al estar cofinanciadas las ayudas por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, han de cumplir una serie de requisitos que no eran excluyentes del proceso de selección hasta este año y, entre otros, pasan por que sus contenidos estén incluidos en alguna de las prioridades temáticas de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020 (RIS3) o que deban contar con colaboración empresarial.

"De entrada suponen que muchos de los proyectos, por las que la Junta apostaba y contaban con financiación, este año quedan excluidos de las bases reguladoras de la convocatoria, por lo que se interrumpirán las líneas de investigación y supondrá menos desarrollo regional y menos empleos científicos", han señalado en el comunicado.

Exclusión de proyectos

La Plataforma, el Foro y los sindicatos han asegurado que el primero de los condicionantes excluye áreas de investigación básica, humanísticas, artísticas y científicas, que a su juicio debieran estar también presentes "como corresponde a países con un modelo productivo de alto valor añadido".

El segundo aspecto, han añadido, impide directamente los proyectos de investigación que no cuentan, "sin importar las razones", con una empresa asociada, lo que "supone una apuesta de la Junta a favor de una universidad al servicio de las empresas y de sus beneficios económicos".

Estos colectivos han señalado que ya el año pasado la comunidad investigadora de Castilla y León comenzó a "alzarse" contra la política de investigación de la Junta en la anterior convocatoria de ayudas, en la que se quedaron fuera del programa el 80 por ciento de los proyectos presentados, muchos de ellos relacionados con la arqueología, la química inorgánica, la educación, la historia, la literatura, el derecho, el patrimonio o la comunicación.

"Esta nueva convocatoria supone el incumplimiento de las promesas de la Junta a la comunidad científica", han aseverado, al tiempo que han añadido que se suman a las consecuencias de unos "recortes brutales" del 75 por ciento.

Estos colectivos han exigido a la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Educación que arbitren fórmulas, contando con las universidades públicas, agentes sociales y Cortes de Castilla y León, que "favorezcan la soberanía investigadora territorial y el mantenimiento de los equipos y proyectos de investigación para un verdadero desarrollo regional".

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