El director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Bernal, ha manifestado este lunes que en un mes se creará el Foro de Contratos Públicos de la Comunidad, que será "un órgano de naturaleza participativa, no de control" para desarrollar funciones de "apoyo al diseño y orientación de las políticas" en este ámbito.

El responsable político ha explicado ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes autonómicas, donde ha comparecido a petición del PP, que el Foro no se encargará de controlar la ejecución de los contratos porque "ya hay órganos que tienen asignadas esas funciones" y ha añadido que su composición "será representativa de los intereses de esta actividad".

Bernal ha subrayado que esta es una de medidas en materia de contratación que ha impulsado el Gobierno, que está consiguiendo "incorporar cosas que hace mucho tiempo que deberían estar" y ha opinado que "si hubiera integridad en la contratación pública, si quienes forman parte de los órganos y mesas de contratación se comprometiera a cumplir la normativa, no estaríamos ante los escándalos que aparecen todos los días".

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo ha presentado ante las Cortes el proyecto de ley de Integridad y Ética Pública, que "incluye ampliar las competencias del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos", que hasta ahora conocía los contratos de obras de más de un millón de euros y ahora lo hará a partir de los 100.000, y en el caso de los contratos de servicios, desde los 60.000 euros, frente a los 100.000 actuales.

Bernal ha señalado que también "se apuesta por la profesionalización de las mesas de contratación", con la "prohibición expresa de que los cargos electos" formen parte de ellas; y por la publicación en el portal de transparencia y del contratante de datos que hasta ahora no se daban a conocer, como los licitadores que han participado en un proceso y los motivos de rechazo de las ofertas.

También ha mencionado otras cuestiones que harán de Aragón "más puntero" que la legislación estatal en este ámbito, como la declaración de ausencia de conflictos de intereses para quienes participen en los órganos de contratación, los protocolos de legalidad para los licitadores, el informe de supervisión y la regulación de medidas de cumplimiento voluntario.

Uso estratégico

El director general ha indicado que "estamos trabajando en un proyecto de ley de uso estratégico de la contratación pública", con la voluntad de "incluir aspectos sociales, medioambientales y de promoción de la innovación en ella", así como de la contratación con el tercer sector y para "recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos".

Bernal ha detallado que "ya hemos tenido reuniones" con las asociaciones y entidades representativas de los centros especiales de empleo y de inserción social para que "digan qué actividades pueden prestar" y se pueda reservar el 3 por ciento de la contratación pública para ellos, cuando hasta ahora era del 2 por ciento, porcentaje que no se ha logrado cumplir, ha apostillado.

Ha abogado por "reducir las cargas administrativas" para facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública. "Trabajamos en esa línea" y, entre otras cosas, ha mencionado la subdivisión de los lotes para que estas puedan presentarse "como contratistas, no como subcontratistas".

Bernal ha indicado que en ámbito de la contratación electrónica, este año se va a desarrollar un primer proceso de este tipo para los seguros de responsabilidad civil en sus tres categorías —general, sanitaria y cinegética—, "y progresivamente vamos a implantar la subasta electrónica".

Por otra parte, ha recordado que "hemos creado, y está activa desde la semana pasada, la ventanilla única de contratación pública, con un punto de acceso desde la web del Gobierno de Aragón con toda la información relevante".

Adaptación normativa

El director general ha recordado la necesidad de adaptar la legislación en materia de contratación pública a la directiva europea de 2014, si bien ha indicado que "nuestra capacidad de desarrollo se ve condicionada por la legislación básica que debería haber desarrollado el Estado".

En este ámbito, ha remarcado que la directiva europea "por primera vez dedica tres artículos a la ejecución de los contratos", una cuestión con la que su "compromiso es total", para opinar que "debería ser el Tribunal de Contratos del Sector Público quien ampliara sus competencias y llegara hasta allí", pero para eso es preciso dotar de medios a sus oficinas.

Según ha dicho, estas "no tienen suficientes recursos" y, por ejemplo, "solicitaban un buscador de sus resoluciones en la web, y ya lo tiene" y pedían un asesor "y estamos en ello".

Bernal ha precisado que la contratación pública supuso en 2014 en Aragón, último año del que se poseen datos, un volumen de 234 millones de euros de un presupuesto de la Comunidad de 5.300 millones, es decir, el 4,3 por ciento, mientras que los contratos realizados por los Departamentos del Gobierno sumaron un total de 108 millones, con 2.830 de carácter menor y 677 adjudicados por otros procedimientos.

PARCHEO

La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha opinado que las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno de Aragón en esta materia son un "parcheo" y ha advertido de que las "malas prácticas" han tenido lugar "en el proceso de ejecución" y no en la adjudicación desde la "modificación garantista" realizada en 2012.

Por eso, ha incidido en trabajar en el control de la ejecución de los contratos, ha pedido que "no se limite la posibilidad de acceso de las pymes" y que "no se rompan" los principios objetivos que había hasta ahora para la selección de ofertas, como optar por la más ventajosa económicamente, para cuestionar la creación del Foro de Contratos Públicos ya que "tenemos demasiados órganos" en este ámbito.

El diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha defendido el "uso estratégico" de la contratación pública "en beneficios sociales, medioambientales y de la innovación", para asegurar que el Gobierno de Aragón "en seis meses ha hecho mucho más de lo que se hizo en los cuatro años anteriores" y abogar "no solo por la eficiencia y eficacia, sino por un mayor control democrático".

La diputada de Podemos, Marta de Santos, ha pedido un balance de "qué ha encontrado, qué fallos se han cometido en este tiempo pasado", para evitar que se puedan repetir, y se ha interesado por si hay una "estrategia plurianual" y una "coordinación" en el Gobierno, para defender que las propuestas del Foro de la Contratación Pública tengan "carácter vinculante".

La diputada del PAR, Elena Allué, ha solicitado "no pasar toda la legislatura con modificaciones y poca aplicación", para esgrimir que la Administración pública "debe ser ejemplo de transparencia en general y, en particular, en materia de contratación" para lo que "es necesario introducir más medidas de control" y así "luchar contra las corruptelas y la corrupción". En el PAR, "no creemos en los observatorios" o foros porque ya "hay organismos suficientes".

El diputado de C's, Javier Martínez, ha preguntado por el informe de la Junta Consultiva de Contratación de la Administración sobre los "límites a los que se podía llegar" para introducir cláusulas sociales y medioambientales, ha estimado que "vemos poco sentido" al Foro de la Contratación Pública, cuando "estamos tratando de evitar duplicidades" y ha pedido "reforzar" lo que ya existe.

El diputado de CHA, Gregorio Briz, en nombre del grupo mixto, ha considerado que el Ejecutivo está "poniendo orden" en cuestiones que "se tenían que haber hecho hace mucho tiempo" y ha dicho que "la profesionalización de las mesas de contratación es muy importante" para que "no se politicen y no sirvan para ninguna tentación de financiación partidista, ni nada que se le parezca".