Andalucía pide que las nuevas normas para autorizar a los barcos a faenar en terceros países no supongan más burocracia

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha manifestado que Andalucía está de acuerdo con el cambio de reglamento para las autorizaciones a los barcos de pesca que faenan en terceros países pero ha reclamado que las mismas no supongan una mayor burocracia o un mayor coste para esas embarcaciones.

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha manifestado que Andalucía está de acuerdo con el cambio de reglamento para las autorizaciones a los barcos de pesca que faenan en terceros países pero ha reclamado que las mismas no supongan una mayor burocracia o un mayor coste para esas embarcaciones.

Así lo ha explicado Ortiz en declaraciones a los periodistas antes de participar en Madrid en el Consejo Consultivo de Pesca, que este lunes reúne a la ministra y a los consejeros autonómicos del ramo para preparar el Consejo de Ministros de la UE y en el que se abordarán las nuevas normas para el control de la flota comunitaria que pesca en aguas de terceros países o internacionales así como la extranjera que lo hace en la UE.

"Básicamente" Andalucía está de acuerdo en el nuevo sistema de autorizaciones con el que se pretende luchar contra la pesca ilegal, ha dicho Ortiz, que ha defendido que la región apoyará "todo lo que sea poner mayor requisitos para mantener la sostenibilidad de la pesquería". "Andalucía ve favorablemente la propuesta de nuevo reglamento, ya que refuerza la contribución a la sostenibilidad y mejora de la gestión y control de la actividad pesquera que la flota comunitaria desarrolla en terceros países", ha insistido.

No obstante, ha manifestado que su "única cautela" es que estas modificaciones no ocasionen una carga administrativa adicional a las empresas o un mayor coste de gestión" para los 78 barcos andaluces que faenan en Marruecos y Mauritania.

Para evitarlo, ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que respalde el interés del Gobierno andaluz por "evitar que los armadores soporten cargas burocráticas y costes de gestión adicionales".

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