El 'Programa para un Gobierno progresista y reformista' que ha elaborado el PSOE como punto de partida en las negociaciones con otras fuerzas políticas recoge el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil.

Otras de sus propuestas socialistas en materia energética y que podrían afectar a los proyectos planteados en concreto en Castilla y León pasan por prohibir el 'fracking' y nuevas exploraciones de hidrocarburos.

Además, el PSOE ha planteado a las otras fuerzas políticas con las que intenta un acuerdo de Gobierno la creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte del "nuevo impuesto al CO2", dedicado a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa.

"El objetivo último es alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones de CO2 compatible con los compromisos de París", argumentan los socialistas que abogan por promover un "gran Pacto de Estado de la Energía" para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la "transición energética".

En este punto comprometen una 'Ley de Cambio Climático y Transición Energética' que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización e impulse el mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias para el desarrollo sostenible, así como la sistemática toma en consideración de los elementos de riesgo climático en cualquier actuación pública y de transparencia y rendición de cuentas en empresas cotizadas.

Esta norma incluye la creación de una Comisión para la Transición Energética que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones de CO2a 2020/2030 y 2050 que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2 del país que se remitiría anualmente al Parlamento.

Se incluyen también obligaciones de transparencia sobre riesgos de carbono y de impacto climático en empresas cotizadas; modificación de la Ley de Contratación Pública que incluya nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas; escenarios de largo plazo para Zero emisiones e informe anual sobre evolución y generación de mapas de riesgos e incorporación en análisis de impacto y en planificación sectorial en ámbitos tales como la territorial, urbana, hidráulica, energética y de infraestructuras.

Así consta en el primer punto de esta propuesta bajo el epígrafe "consolidar una recuperación económica justa y medio ambientalmente sostenible" que requiere, a su juicio, un cambio en el modelo de crecimiento más basado en la innovación y la mejora de la productividad y una transición energética que combata "firmemente" el cambio climático.

Los socialistas abogan también por reformar el Real Decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, incluido el denominado "impuesto al sol", y aprobar en su lugar un marco regulatorio estable para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto.

También proponen acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, "facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición".

Por otro lado, entre las medidas para mejorar la competencia en los mercados el PSOE incluye en su documento la necesidad de revisar la regulación de sectores donde haya una "gran concentración empresarial" -sectores estratégicos, como el energético, telecomunicaciones o las infraestructuras- para favorecer la entrada de nuevos competidores, "dotando de transparencia a las regulaciones".

En cuanto a la política forestal y usos del suelo, el PSOE contempla recuperar la "prohibición absoluta" de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas e impulsar un estatuto básico para agentes y bomberos forestales.