La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha declarado nuevamente desierto el concurso para la reapertura de la cafetería localizada en el edificio 24 (Fausto Elhuyar de Suvisa) —frente a la biblioteca—, que permanece cerrada desde que hace más de dos años fuera objeto de cierre patronal por parte de la anterior empresa concesionaria.

Según la documentación oficial consultada por Europa Press, el motivo es que la única empresa licitadora interesada no ha formalizado el contrato en plazo. Ésta ya manifestó su intención de no suscribirlo debido a algunos desacuerdos que se produjeron.

Se apuntaba a dos factores como los principales que justificaban la negativa: una serie de cambios en mecanismos vinculados con la deuda heredada de la concesión anterior, que los trabajadores no habrían aprobado por unanimidad —siendo éste el requisito que pedía la interesada—, y la falta de remisión, en su momento, por parte de la universidad de documentación necesaria para comprobar los importes del débito.

En este sentido, el por entonces rector de la UPO —ahora en funciones—, Vicente Guzmán, aseguraba que es "la primera interesada" en reabrir la cafetería, si bien aseguraba que es un conflicto que "viene muy enturbiado" por factores relacionados con la antigua empresa adjudicataria, fundamentalmente deudas que han dejado y que se encuentra cualquier interesado en asumir la actividad.

Todo esto se produce después de las prórrogas establecidas por la dirección de la sede académica en el proceso de adjudicación, al desbloquearse directamente con la empresa interesada la situación tras la entrega de documentación pendiente.

A principios de noviembre de 2014, la UPO sacaba otra vez a licitación, después de que la primera vez el concurso quedara desierto, la explotación del servicio, por un canon mínimo de 6.050 euros anuales, pagaderos mensualmente a razón de cuotas de poco más de quinientos euros.

Según las condiciones de la salida a concurso, consultadas por Europa Press, el contratista debía contar con solvencia económica y financiera, así como técnica y profesional; no se exigía garantía provisional. El plazo durante el cual el licitador estaba obligado a mantener su oferta era de dos meses.