Verdemar-Ecologistas en Acción ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la Junta de Andalucía por un presunto delito de "prevaricación por omisión" y "dejación de funciones" relacionado con el estudio sobre la presencia de metales pesados en la orina de la población del Campo de Gibraltar, ya que los resultados no han sido revelados y las analíticas no se han facilitado a los ciudadanos participantes pese a reiterados requerimientos.

Según recoge la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a julio de 2013, cuando la Escuela de Salud Pública de la Junta recogió una muestra de orina para conocer los datos de metales pesados a parte de la población de la comarca campogibraltareña.

Concretamente, con las analíticas se pretendía determinar las concentraciones de cadmio, cromo, cobre, níquel, arsénico y mercurio, ya que cuando los niveles de estas sustancias son elevados pueden causar algunos problemas de salud. Según trasladó la promotora del estudio a los participantes, con éste se pretendía conocer los niveles y determinar si fuera necesario la adopción de alguna medida.

Sin embargo, habiendo solicitado algunos de ellos los resultados "en numerosas ocasiones" y habiendo transcurrido "un plazo más que justo y prudencial", se interpuso un nuevo escrito ante la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública pidiendo el informe de cada uno de esos voluntarios que participaron en las analíticas.

Así, los denunciantes han destacado que "no sólo no se han dado a conocer estos estudios, sino que después de año y medio no se ha informado a los voluntarios de los resultados del mismo". Al respecto, han indicado que estos últimos recibieron el 21 de septiembre de 2015 una carta de la Escuela de Salud Pública de la Consejería de Salud diciendo que "en las pruebas había problemas técnicos y no tenían los resultados completos".

Concretamente, en dicho escrito se explica que las muestras fueron enviadas a un laboratorio de referencia para hacer los análisis, si bien surgieron "problemas técnicos" con algunas de las muestras en el laboratorio, de manera que no disponían de los resultados "completos en la forma adecuada".

Por ello, la Escuela Andaluza de Salud Pública indicaba a los participantes que se habían adoptado las medidas oportunas para obtener los resultados definitivos de las muestras de orina, de manera que tenían previsto tener dichos resultados "en el mes de octubre", volviendo a comprometerse en su escrito con los voluntarios a enviar los resultados en cuanto los tuvieran "de forma completa y adecuada", así como las recomendaciones sanitarias que correspondan.

El colectivo ecologista denuncia que "el deterioro de la gestión pública de la Consejería de Salud y sus entes dependientes está siendo provocado por el abandono de funciones de los responsables en el debido cumplimiento de la función pública ante sus ciudadanos".

Por tanto, entienden que se trata de "un intencionado y grave atentado procesal, con vulneración y clara dejación de funciones, causando indefensión y lesionando de forma efectiva el mínimo derecho a la tutela efectiva y la vulneración de Derechos Humanos, dejando como única salida la puesta en conocimiento de las instancias judiciales en demanda de restitución de los derechos vulnerados".

Compromiso de las administraciones

Raquel Ñeco, portavoz del grupo ecologista, ha explicado a Europa Press que los habitantes del Campo de Gibraltar "presentan altos índices de mortandad y morbilidad, por encima de la media de otras áreas de Andalucía y de España", lo que achacan a la concentración de grandes industrias —petroquímicas, acerías o eléctricas, entre otras— "en un espacio tan reducido".

Según ha indicado, esto está provocando "un efecto acumulativo de emisiones que agrava la situación ambiental y deteriora la salud pública". No en vano, ha destacado que en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes figura que estas industrias emitieron a la atmósfera en 2014 "más de diez millones de toneladas de sustancias peligrosas, algunas tan tóxicas como el benceno, los compuestos orgánicos volátiles o las partículas finas".

Tras apuntar que "más de diez grandes instalaciones industriales concentradas en la comarca son de las mayores y más contaminantes de Europa", la portavoz ecologista ha destacado que, según un estudio realizado por un facultativo del Hospital Punta Europa de Algeciras, los habitantes del Campo de Gibraltar presentan "unos índices de ingresos hospitalarios por tumoraciones superiores a la media de otras áreas andaluzas".

En esta línea, ha incidido en que en la comarca se asientan desde 1960 unas industrias que emiten "peligrosas sustancias al aire, al agua y al medio natural, según se desprende de los registros del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)".

Ñeco ha recordado que dicho organismo recomendó en 2005 "realizar un estudio epidemiológico general en el Campo de Gibraltar y específico en Puente Mayorga", pedanía de San Roque, encaminado a "establecer niveles de níquel en orina de la población", así como análisis de sangre para establecer el hemograma de a población. En caso de alteraciones significativas, el CSIC consideraba pertinente determinar los niveles de benceno en plasma sanguíneo, lo que, según ha destacado, "todavía no se han realizado".

La portavoz ecologista ha manifestado que las cifras oficiales permiten decir que "la contaminación es un problema de primer orden", por lo que Verdemar considera "imprescindible corregir estas graves deficiencias y frenar la instalación de nuevas plantas de este tipo en la zona, si no garantizan que no contribuirán a empeorar la situación".

Por todo ello, Verdemar-Ecologistas en Acción ha concluido que "las administraciones deben comprometerse a adoptar las medidas necesarias para paliar y reducir las altas tasas de contaminación que afectan a la zona".

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