El Consell de Govern ha aprobado este viernes la modificación del Decreto que establece los principios generales del procedimiento de dependencia con el objetivo de mejorar la protección de las personas dependientes y corregir situaciones que les perjudicaban, de forma que las personas que esperen más de 60 días para entrar en una plaza residencial reconocida se podrán acoger a una prestación económica; y una vez entren en la residencia no se revisará su grado.

Asimismo, como ha explicado la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la responsabilidad de revisar el grado a la dependencia recae ahora en la Administración y no en el usuario, ya que hasta ahora si no lo hacía se le daba de baja del sistema y se le exigía devolver, con carácter retroactivo, la ayuda económica otorgada.

Finalmente, la modificación compatibiliza el servicio de ayuda a domicilio con la ayuda económica para los casos en los que no tienen acceso a la residencia.

La modificación del Decreto 83/2010, que establece los principios generales del procedimiento de dependencia, se suma a otras actuaciones de la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación con la finalidad de reactivar el ámbito de la dependencia, como el incremento de la contratación de trabajadores sociales y valoradores para dar salida a la acumulación de expedientes, el concierto de nuevas plazas y el aumento de personal de las residencias para mejorar la calidad del servicio.

Espera de más de 60

Días para una plaza

Uno de los principales cambios derivados de esta modificación normativa es que, a partir de ahora, una persona con dependencia que lleve más de 60 días a la espera de acceder a una residencia pueda disponer de una prestación económica de atenciones en el entorno familiar o en el caso de que no haya plazas disponibles en su entorno próximo.

Se trata de una posibilidad prevista en la legislatura 2007-2011 que fue retirada durante la pasada legislatura y que ahora se recupera para evitar que el déficit histórico de plazas residenciales deje a las personas con dependencia con derecho a una plaza residencial sin recibir ni este servicio ni una prestación económica.

No se revisará el grado en las residencias

Otro cambio importante en la normativa es que no se llevará a cabo de oficio la revisión del grado de dependencia cuando una persona se encuentre ingresada en una residencia.

Según ha explicado Santiago, el problema surgía cuando personas mayores que habían entrado con un grado 2 en una plaza residencial mejoraban gracias a los cuidados que allí recibían, y al cabo de pocos años se les pedía marcharse, aunque muchas de estas personas ya no disponían de una vivienda propia porque la habían vendido o alquilado.

La administración asume la revisión

Por otra parte, a partir de ahora, la responsabilidad de iniciar la revisión de los grados de dependencia es asumida por la Administración y no por la persona con dependencia, su cuidador, tutor, o representante legal.

La consellera Santiago ha recordado que la mayoría personas del sistema de dependencia son ciudadanos de más de 80 años que sufren demencia o alzheimer. Por ello, cuando se les hacía la valoración de dependencia inicialmente y se les informaba de que tenían que volver a solicitarla años después, no se acordaban y perdían la prestación.

Además, se les pedía con carácter retroactivo devolver la ayuda económica otorgada.

Con el cambio, a partir de ahora es la Administración quien asume la responsabilidad de realizar la valoración, y será quien de oficio iniciará los trámites.

Según ha indicado Santiago, durante esta legislatura ya se han dado casos en los que personas dependientes han perdido su prestación por la situación expuesta. Una parte de estos casos (unos 1.200) se han podido paralizar para solucionarlos con el decreto aprobado hoy.

Compatibilizar prestaciones

Finalmente, otro cambio importante es que se compatibiliza el servicio de ayuda a domicilio con la ayuda económica, siempre que entre las dos no superen el 100 % del coste de los servicios, con el objetivo de asegurar la permanencia de las personas con dependencia en su domicilio y promover su autonomía personal.