El presidente del Gobierno, José L. Rodríguez Zapatero, rechazó ayer en el Congreso la propuesta soberanista del Gobierno vasco, el plan Ibarretxe, porque «no es un plan de todos». Respondía así al lehendakari, Juan J. Ibarretxe, quien acudió a la Cámara Baja para defender su proyecto soberanista, convirtiéndose en el primer presidente autonómico en hablar en las Cortes. Al cierre de esta edición (23 horas) aún no se había votado, pero, por las posturas expuestas en el debate (PSOE, PP, CC, CHA y parte de IU, en contra; PNV, CIU, ERC, BNG, EA y Nafarroa Bai, a favor), el plan iba a ser rechazado por el 92% de la cámara.

«La relación del País Vasco con el resto de España la decidirán todos los vascos, no la mitad, y todos los españoles; si vivimos juntos, debemos decidir juntos», dijo Zapatero. «Esto no es un final, sino otro comienzo», añadió.

Ibarretxe, que inició su discurso en euskera, ofreció negociar «con la mano tendida», pero aclaró que «hay una obligación de pactar». «La convivencia no se puede imponer», replicó a Zapatero, y pidió que no se dé un «portazo» al Parlamento vasco.

Otras intervenciones:

PP: Mariano Rajoy: «Los promotores» de la propuesta «no buscan diálogo, sino acatamiento; no reclaman un debate, sino claudicación». Es ETA quien «inspira» este plan.

PNV: J. Erkoreka:  «La única manera es la negociación. Lo demás es desprecio».

CiU: J. A. Duran i Lleida: «No agotemos las posibilidades de un acuerdo que se plantea sin armas, por sentido de responsabilidad».

ERC: Joan Puigcercos: «Cataluña o Euskadi son una nación en sí mismas, no porque así lo exprese una Constitución o un Estatuto».

IU: G. Llamazares: «El plan no está maduro y es difícil que madure desde una incubadora externa a Euskadi».

¿Y ahora? ¿Referéndum?

Ibarretxe insistió ayer en el derecho de los vascos a decidir, idea sobre la que mantiene su intención de convocar un referéndum. El Gobierno no ha dicho aún qué hará si esto sucede, pero expertos juristas remarcan que la consulta sería ilegal, ya que, según la Constitución, estas convocatorias competen sólo al Estado.