La Audiencia de Bizkaia ha condenado a una mujer a seis meses de cárcel y 900 euros de multa por presentar como prueba ante un juzgado de Barakaldo, para evitar su desahucio, un total de 12 recibos de abono de alquiler con la firma del arrendatario falsificada.

Según recuerda la sentencia, fechada el pasado 9 de diciembre, la acusada firmó el contrato de alquiler una vivienda en 2008, por un precio de 600 euros, cuyo pago efectuó mensualmente a través de una entidad bancaria.

Sin embargo, en fecha "desconocida", según la resolución, el abono comenzó a realizarse en metálico, operación de la que quedaba constancia al extenderse el correspondiente recibo.

Entre febrero de 2010 y enero de 2011, la inquilina dejó de abonar la renta por lo que el propietario interpuso demanda de desahucio ante el Juzgado de Barakaldo que, en abril de 2011 estimó la demanda y condenó a la encausada al abono de 9.658,29 euros. La resolución, recurrida por la mujer, fue confirmada posteriormente por la Audiencia vizcaína.

La reciente sentencia de la Audiencia indica, asimismo, que durante aquel procedimiento, la acusada, para no verse obligada a pagar, aportó 12 documentos, supuestamente recibos de pago de la renta correspondientes a los meses que reclamaba el arrendador.

Sin embargo, la firma contenida había sido manipulada

"por procedimientos mecánicos aplicados a recibos originales que el arrendador expidiuó durante el curso de la relación arrendaticia".

Aunque el Tribunal asegura que carece de pruebas para afirmar que fue la acusada la que llevó a cabo la falsificación, considera "incuestionable" que la mujer "hizo uso en juicio civil de los documentos falsificados a sabiendas de que no habían sido firmados" por el propietario de la vivienda.

Por ello, condena a la encausada como autora de un delito de estafa procesal en grado de tentativa así como del uso en juicio de documentos privados falsos, a seis meses de prisión y multa de tres meses con una cuota diaria de diez euros, con diez días de arresto sustitutorio en caso de impago. La sentencia podrá ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

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