La Mesa de la Profesión Enfermera en Andalucía, integrada por el Consejo Andaluz de Enfermería y el Sindicato de Enfermería (Satse), ha alertado a los profesionales andaluces de este ámbito que podrían incurrir en un delito de intrusismo si incumplen el real decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

El organismo señala en una nota, en contestación a un comunicado de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que "llama la atención la fórmula empleada y que se dirija exclusivamente hacia los enfermeros, cuando la aplicación del Real Decreto indicado afecta directamente a otros profesionales sanitarios que puedan actuar como prescriptores".

Por ello, han agregado "echar en falta" indicaciones e instrucciones expresas a estos profesionales ante situaciones en las que se van a ver directamente implicados.

De otro lado, "el escrito de Aranda defiende la plena vigencia del decreto por el que se define la actuación de los enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía, afirmación que contradice el informe jurídico elaborado por los representantes de la enfermería andaluza".

En este sentido, han explicado que dicho informe jurídico "señala claramente que no se puede decir arbitrariamente que en una determinada comunidad autónoma no se va a aplicar en todo o en parte, por cuanto se estaría incumpliendo un mandato de una normativa básica del Estado español, tal y como invita a hacer el gerente del SAS".

En base a su informe jurídico, la Mesa de la Profesión entiende como derogado el decreto andaluz las previsiones que se oponen a la regulación estatal de las funciones que se asignan en la misma a las enfermeras, de la acreditación que debe otorgar en cada caso el Ministerio de Sanidad o respecto de los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, que deben ser de elaboración conjunta, acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros y validados por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Por tanto, "respecto de todos aquellos aspectos del decreto andaluz que se opongan a lo establecido en la normativa estatal, deben considerarse derogados y sin efecto, además de resultar necesario, como se reconoce en el comunicado, aprobar un nuevo decreto autonómico que reglamente en Andalucía esos aspectos contradictorios y derogados, de una manera acorde con la regulación estatal".

Sin cobertura legal

Ante esta situación, la Mesa de la Profesión Enfermera no comparte ni acepta la manifestación del gerente del SAS cuando asegura que "las actuaciones que realicen los enfermeros en base a lo previsto y en el ámbito de estas instrucciones estarán amparadas en todo caso por la póliza del seguro de responsabilidad civil profesional y patrimonial suscrita por el Servicio Andaluz de Salud".

El incumplimiento de las previsiones del decreto "podría dar lugar a exigencias penales como eventuales autores de un delito de intrusismo", motivo por el que la Mesa de la Profesión Enfermera quiere dejar claro que "ningún enfermero puede ni debe ser obligado a hacer lo que no le está permitido".

Por ello, indican que "de las instrucciones que se dicten habrán de respetar siempre la libre y legítima conducta de los profesionales de enfermería, que a partir de ahora se limiten a cumplir los mandatos de la norma estatal".

Acciones en andalucía

Ante esta situación, la Mesa de la Profesión Enfermera en Andalucía ha remitido un escrito al gerente del SAS en el que se le expone estas cuestiones y se le exige que "aclare su posición" para ver si asumirían todas las responsabilidades derivadas de "obligar a los enfermeros a actuar en contra de los dictados del decreto estatal".

En la misma línea, se han enviado documentos a los profesionales de Enfermería para que, de forma individual, lo dirijan a los responsables del SAS reclamando que "se adopten las medidas necesarias para que puedan prestar sus servicios con plena sujeción a la normativa aplicable, sin que se le impongan actuaciones que no se incluyan dentro de sus competencias, y se salvaguarde su ejercicio profesional con arreglo al conjunto de normas que lo regulan".

Por último, la Mesa de la Profesión Enfermera en Andalucía ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a los usuarios, y está organizando jornadas de responsabilidad civil en todos los centros sanitarios para que los profesionales enfermeros conozcan las consecuencias del decreto en lo que respecta a su seguridad jurídica y actuación profesional.