CCOO rechaza el "nuevo hachazo" de la actualización de costes para plazas concertadas en los centros de mayores

La sección sindical de CCOO-A ha rechazado el "nuevo hachazo a los servicios sociales" ante la orden por la que se establecen los costes máximos de las plazas de concertación con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad, al rebajar los costes de las plazas entre un 4,13 por ciento y un 0,2 por ciento respecto a 2012, año en que fueron congelados.

La sección sindical de CCOO-A ha rechazado el "nuevo hachazo a los servicios sociales" ante la orden por la que se establecen los costes máximos de las plazas de concertación con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad, al rebajar los costes de las plazas entre un 4,13 por ciento y un 0,2 por ciento respecto a 2012, año en que fueron congelados.

Según ha explicado el sindicato en una nota, esa congelación supuso una bajada de ingresos que ha repercutido directamente sobre las personas trabajadoras que, en muchos casos, han perdido sus empleos tras el cierre de empresas, han sufrido impagos durante meses o han visto rebajados sus salarios y sus condiciones laborales.

Las personas usuarias son la otra parte afectada por toda esta situación, al aumentar las listas de espera y empeorar la calidad de los centros por falta de recursos económicos.

Otro de los motivos esgrimidos por el sindicato para rechazar esta orden es la manera en la que se ha elaborado el borrador de la misma. "Se ha obviado por completo a los sindicatos que representan a las personas trabajadoras con las que no se ha contado para establecer los precios que la Junta de Andalucía va a pagar a las empresas y que repercuten directamente en sus condiciones laborales", ha denunciado CCOO, al tiempo que recuerda que "en estos servicios trabajan alrededor de 50.000 personas".

El sindicato ha dirigido un escrito a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta en el que "solicita y exige" que se abra una negociación con los sindicatos para establecer unos costes por plaza más ajustados a las necesidades reales de los centros en los que se pueda empezar a recuperar poder adquisitivo, empleo perdido y mejorar las condiciones de atención a las personas usuarias.

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