El Consell de Menorca y la UTE Dragados-Antonio Gomila han resuelto rescindir el contrato de obras del tramo entre Maó y Alaior de la carretera general de mutuo acuerdo y sin ninguna indemnización.

La presidenta de la administración insular, Maite Salord, ha valorado este miércoles muy positivamente el acuerdo logrado.

"Ha sido muy complicado a nivel técnico y jurídico y hemos trabajado en ello durante muchos meses. Nunca se había resuelto ningún contrato y mucho menos de estas cantidades", ha señalado.

Salord ha mostrado su satisfacción puesto que una de las promesas del nuevo equipo de gobierno fue que paralizarían las obras de la carretera general en los enlaces más problemáticos y que habían suscitado más oposición por parte de los ciudadanos.

Sin embargo, el proyecto no permitía modificaciones parciales y, por tanto, la única vía posible era la rescisión del contrato con la constructora.

"Ahora comenzaremos un proyecto nuevo", ha dicho la presidenta.

El expediente de resolución de contrato se inició el pasado mes de noviembre y el pasado lunes se firmó el preacuerdo con la UTE.

"No hay posibilidad de presentar demandas por ninguna de las dos partes", ha manifestado Salord.

La propuesta de acuerdo, que se llevará a la Comisión de Govern, establece resolver el contrato por la imposibilidad reconocida por las dos partes de ejecutarlo en los términos pactados y la imposibilidad de modificar el proyecto.

Además, se tendrá que aprobar la liquidación del contrato.

"Hay 1.600.000 euros de obra ejecutada y ha habido unas obras que se han ejecutado al margen del contrato por valor de 190.000 euros y que se tendrá que aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito que se presentará al pleno del día 15", ha informado.

También se deberá retornar la garantía a la UTE una vez rescindido al contrato, aunque se retiene una parte por la obra ejecutada.

Asimismo, se pagará a la constructora 103.000 euros en concepto de compensación por gastos durante la ejecución del proyecto.

La propuesta incluye encargar a la UTE que en el plazo máximo de un mes se ejecuten las medidas de seguridad necesarias para evitar el trastorno del servicio público y evitar la ruina de lo ya construido, medidas que tienen un importe de 135.000 euros.