Huesca pondrá en marcha este mes una oficina de vivienda para atender los casos urgentes de desahucios

La capital altoaragonesa pondrá en marcha en este mes de febrero una oficina de atención y gestión en materia de vivienda, en la que el Ayuntamiento oscense y el Gobierno de Aragón colaborarán para atender la emergencia habitacional en la ciudad, los casos de desahucios y otros problemas relacionados con la vivienda que afecten a los ciudadanos de Huesca.
José Luis Soro y Luis Felipe se han reunido hoy en Zaragoza
José Luis Soro y Luis Felipe se han reunido hoy en Zaragoza
EUROPA PRESS
José Luis Soro y Luis Felipe se han reunido hoy en Zaragoza

La capital altoaragonesa pondrá en marcha en este mes de febrero una oficina de atención y gestión en materia de vivienda, en la que el Ayuntamiento oscense y el Gobierno de Aragón colaborarán para atender la emergencia habitacional en la ciudad, los casos de desahucios y otros problemas relacionados con la vivienda que afecten a los ciudadanos de Huesca.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo aragonés, José Luis Soro, ha mantenido una reunión con el alcalde de Huesca, Luis Felipe, para abordar la aplicación del decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda, encuentro en el que han participado la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, y el concejal Fernando Justes.

En declaraciones a los medios de comunicación tras celebrar esta reunión, el consejero José Luis Soro ha subrayado que desde el inicio de la legislatura se han mantenido conversaciones con el consistorio dado que a ambas administraciones "nos une la máxima preocupación por la emergencia social en materia de vivienda" y la obligación de dar solución a las personas que padecen estos problemas.

Tras la aprobación del decreto ley sobre emergencia habitacional, "el objetivo de la reunión de hoy era concretar la colaboración en ese nuevo marco legal", teniendo en cuenta que la competencia "exclusiva" en esta materia corresponde al Ejecutivo autonómico que creará un único fondo social de vivienda, en el que constarán todos los inmuebles destinados a política social, estarán inscritos todos los aragoneses que lo necesiten y se establecerán criterios uniformes para toda la Comunidad.

No obstante, en el caso de los grandes ayuntamientos, la gestión de esas viviendas dependerá de los consistorios y en Huesca "tienen la intención de crear una oficina de atención y gestión en materia hipotecaria, de alquileres de vivienda y hoy hemos hablado de cómo coordinarnos, a través de un convenio, para optimizar los recursos públicos y mejorar al máximo la eficacia de ambas administraciones".

De esta forma, una vez que el consistorio oscense cree esta oficina, "firmaremos un convenio" para impulsar la colaboración entre administraciones y se pondrá en marcha también una mesa de trabajo que "queremos que sea concreta, eficaz, que se reúna la veces que haga falta" y propicie la cooperación entre ambos para buscar soluciones y atender a las personas que sufren un desahucio o que no tienen una vivienda.

Un centenar de familias

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha coincidido en que atender las necesidades de vivienda de la población es "una prioridad política" y se ha puesto a disposición del Gobierno aragonés para cumplir la nueva normativa en esta materia porque "queremos ser una herramienta útil" para resolver la problemática que atraviesan muchas familias.

Así, el consistorio creará un servicio propio en materia de vivienda, "siendo consciente de que la competencia es del Gobierno de Aragón" y de que ambas administraciones trabajarán de forma coordinada mediante la firma de un convenio.

"La idea es que el ayuntamiento ponga en marcha este servicio en el mes de febrero", una vez aprobados ya sus presupuestos, ha apuntado, para precisar que "hay más de cien familias en este momento que demandan una vivienda" en la ciudad.

"una obsesión"

José Luis Soro ha remarcado que, desde el inicio de la legislatura, la coordinación en materia de vivienda "ha sido una obsesión de la Dirección General de Vivienda" y, de hecho, se han sucedido las reuniones con los ayuntamientos, con las entidades financieras, la Sareb y se han buscado fórmulas de colaboración con los bancos "porque queremos que asuman parte de la solución del problema", aportando viviendas y otros recursos.

"Incluso en algunos casos hemos impuesto la obligación de aportar viviendas para que las podamos ceder a familias", como en aquellos inmuebles de entidades financieras que proceden de ejecuciones hipotecarias y que están desocupados, de forma que las pongan a disposición de la administración autonómica.

El consejero ha recordado que en Zaragoza ya trabaja una mesa de coordinación que "funciona muy bien, se reúne cuando hace falta y en la que no solo se habla de cuestiones generales" sino que también "se ponen en común planteamientos y se tratan casos concretos porque hay que optimizar los recursos y en caso de desahucio plantear una solución inmediata".

En este punto, ha explicado que también se mantienen conversaciones con el Ayuntamiento de Teruel y se pondrán en contacto con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para "articular el medio rural", así como "tenemos prevista una reunión pronto con los representantes de la judicatura", dado que el decreto ley les obliga a comunicar al Ejecutivo las demandas que reciben de ejecuciones hipotecarias y desahucios.

Medidas urgentes

Soro ha resaltado que en ese decreto ley se aprobaron las medidas "que son absolutamente urgentes y necesarias", para agregar que se está elaborando una ley de vivienda, que "espero tener aprobada en verano de 2017", en la que habrá un registro de todas las viviendas desocupadas y que atenderá otros problemas como la infravivienda o el acceso de los jóvenes a la vivienda.

De momento, se ha creado un registro de viviendas desocupadas propiedad de entidades financieras y que proceden de ejecuciones hipotecarias, tenían un plazo de tres meses para aportar esos datos "y estamos en esa fase".

El objetivo principal es "que nadie se quede sin vivienda y lo estamos haciendo en la práctica, que nadie se quede en la calle" porque "nos parecía inmoral" que hubiera casas de las que "se había echado a una familia, que fueran propiedad del banco y estuvieran vacías".

Soro ha alegado que no se pueden expropiar estos pisos, "pero hemos buscado esta fórmula de obligar a que nos cedan el uso de esas viviendas incluso con medidas coercitivas", dado que si la entidad incumple esta obligación se le pueden imponer sanciones.

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