Unanimidad en las Cortes para respaldar la readmisión de los trabajadores de Tragsa despedidos

Todos los grupos con representación en las Cortes de Castilla y León han respaldado una Proposición No de Ley (PNL) en respaldo a los trabajadores despedidos de la empresa pública Tragsa y a través de la que exigen su readmisión, algo que afectaría a 70 empleados en la Comunidad.

Todos los grupos con representación en las Cortes de Castilla y León han respaldado una Proposición No de Ley (PNL) en respaldo a los trabajadores despedidos de la empresa pública Tragsa y a través de la que exigen su readmisión, algo que afectaría a 70 empleados en la Comunidad.

La PNL ha sido presentada en el Parlamento por el Grupo Parlamentario Socialista aunque finalmente su texto ha sido consensuado por todos los grupos de la Cámara con el fin de que la Junta se dirija al Gobierno para que éste requiera a la empresa pública Grupo Tragsa y a los representantes de los trabajadores a entablar a la mayor brevedad posible las negociación necesarias para dar fin al conflicto laboral.

Asimismo, el texto insiste en que el acuerdo debe pasar "necesariamente" por la readmisión de los trabajadores despedidos durante el conflicto en las mismas condiciones en las que se encontraban después de que se hayan visto modificadas las causas económicas, productivas y organizativas que en su día justificaron el procedimiento de despido colectivo.

El procurador socialista José Luis Aceves ha defendido esta iniciativa parlamentaria y ha recordado que los socialistas ya han remitido a los grupos de Congreso y Senado el texto para que se defienda la readmisión en todo el ámbito territorial, algo que ha respaldado el procurador 'popular' Raúl de la Hoz.

El procurador de IU-Equo José Sarrión ha reseñado su respaldo a los trabajadores tras lamentar que la empresas se haya "reído" de los trabajadores al despedirles y convocar posteriormente ofertas de empleo para "los mismos puestos". "La empresa despedía mientras había trabajo", ha lamentado, tras lo que ha defendido que "una empresa pública tiene que se ejemplar en el trato a sus trabajadores".

Esta premisa ha sido respaldada además por el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, quien ha reseñado que la empresa pública ha utilizado para ejecutar los despidos "las peores formas posibles". "Despide y contrata a personal temporal en condiciones precarias con total desfachatez".

David Castaño, procurador de Ciudadanos, ha argumentado el voto en contra de su Grupo a esta PNL al insistir en la importancia de revertir la situación de los trabajadores despedidos tras la paralización del ERE, al igual que Ricardo López Prieto de Podemos quien ha significado la voluntad manifestada por la empresa para negociar.

Por último, el procurador 'popular' Raúl de la Hoz ha destacado la defensa "leal y firme" de sus puestos de trabajo por parte de los empleados, al tiempo que ha destacado los trabajos realizados por la Junta para mediar en la resolución del conflicto.

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