El Ministerio Fiscal solicita un año y medio de prisión para el dueño de una atracción de feria que, con la intención de instalarla en las fiestas de la localidad de Galaroza (Huelva) en julio de 2014, presentó un certificado de revisión anual que supuestamente había sido alterado en su contenido con respecto al que un año antes había emitido y visado un ingeniero técnico industrial.

Por ello, tanto para el fiscal como para el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, que ejerce la acusación particular, el acusado, con "evidente ánimo falsario", alteró el certificado emitido en el año 2013, modificando el año de expedición un año después.

Según reza en el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, ésta procede a adoptar medidas cautelares para garantizar las responsabilidades pecuniarias, con formación de la correspondiente pieza separada de responsabilidad civil, en el que se deberá practicar lo necesario para averiguar la situación económica del acusado.

Las irregularidades fueron detectadas por el Ayuntamiento de Galaroza que se puso en contacto con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, quien, una vez confirmada la falsificación con el técnico, interpuso denuncia el 28 de mayo de 2015.

Por su parte, la acusación particular pide una pena de prisión de dos años y medio y una multa de 3.000 euros, a razón de diez euros diarios durante diez meses, dándose las circunstancias de que el acusado tiene antecedentes por otro tipo de delitos por los cuales tiene suspendida la pena en su día impuesta por el Juzgado de lo Penal que le condenaba a siete meses de prisión por un delito de lesiones.

Para el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, la postura del Ministerio Fiscal refuerza la importancia que en este tipo de certificaciones tiene el visado colegial, pues fue precisamente esa verificación del visado por parte del Ayuntamiento de Galaroza la que permitió detectar la falsedad e imposibilitó por tanto la instalación de una atracción ferial que no había realizado la verificación anual que exige la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.