La creación de la comisión de investigación sobre Ecomosa-Nestor Martin y la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, a petición propia para informar sobre Sodercan, centrarán esta semana el Pleno del Parlamento, que se ha trasladado al martes, 2 de febrero, por ser el lunes el aniversario del Estatuto de Autonomía.

La puesta en marcha de la comisión de investigación de Ecomasa fue una iniciativa de Podemos pero todos los grupos parlamentarios se han adherido.

La comisión parlamentaria, con la que se pretende depurar responsabilidades políticas, correrá pareja a la investigación judicial en curso para esclarecer el destino de los 18 millones de euros de dinero público, que se concedieron a esta empresa desde 2012 a través de SODERCAN y el ICAF, y también de los 3,2 millones de las indemnizaciones de los 88 trabajadores despedidos de Teka que fueron contratados por Ecomasa.

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, solicitó la comparecencia para informar sobre Sodercan tras la aprobación, a finales de noviembre, de sendas proposiciones no de ley del PP y de Podemos que reclamaban la vuelta de la empresa pública a la Consejería de Industria.

En el Pleno del martes también se debatirá una moción de Podemos que insta al Gobierno a remitir en el plazo de un mes el plan definitivo de acogida de refugiados y a comunicar a las entidades participantes el resultado de sus aportaciones.

A continuación se debatirá una proposición no de ley de Ciudadanos que pide la elaboración de un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género.

Asimismo, Podemos defenderá a través de una proposición no de ley la modificación de la Ley cántabra de protección de los animales, con el fin de "prohibir el uso de animales en espectáculos si ello puede ocasionarles sufrimiento o pueden ser objeto de burlas o tratamientos indignos".

Por su parte, el PP planteará una proposición no de ley para instar al Gobierno a impulsar el Observatorio de Salud Pública y garantizar la continuidad de la Escuela Cántabra de Salud.