El grupo parlamentario de IULV-CA ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento andaluz por la que pide que la Cámara manifieste que la ejecución del ERE en las empresas del Grupo Tragsa "es profundamente perjudicial para los intereses del país y de Andalucía", así como instar al Consejo de Gobierno a que se dirija al Ejecutivo central para que realicen todas las actuaciones posibles para frenar la destrucción de empleo y abrir una mesa de diálogo con los trabajadores.

En la iniciativa, recogida por Europa Press y que será debatida ante el Pleno de la Cámara, IU quiere que el Parlamento rechace el ERE "incidiendo en la destrucción de empleo, en la reducción de la calidad, en la de los encargos de obras y en la efectividad en la prestación de los servicios que necesita la Administración". Además, pide que la Junta se dirija al Gobierno central para pedirle revertir la situación a la de antes de la ejecución de despidos y se readmita a estas personas.

También pretende la PNL que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno para que inste a su vez al Gobierno central para que la dirección del Grupo Tragsa abra una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores, "que permita plantear un nuevo plan empresarial en aras a incrementar su capacidad de producción y empleo".

Y por último, instar a la Junta a mantener los servicios públicos al Grupo Tragsa que venían siendo encargados en 2015, y por tanto las encomiendas de gestión que venían siendo ejecutadas por los trabajadores de Tragsa, manteniéndose el volumen de empleo en dichas empresas en Andalucía.

Exposición de motivos

IU recuerda que el grupo Tragsa forma parte del grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), resultando que son de capital público en exclusivo, y que en sus 37 años de historia, y debido al ámbito nacional de la compañía, cuenta con delegaciones en todas las provincias de las 17 comunidades autónomas españolas, lo que "le permite responder como medio propio, con rapidez y eficacia ante cualquier requerimiento urgente de la administración central, autonómica o local".

De esta manera, en la actual situación de desempleo en nuestro país, con especial incidencia en Andalucía, IU ve la decisión de la empresa de aplicar el ERE "absolutamente inaceptable", ya que "agravará la situación actual y producirá un profundo impacto sobre las familias de los empleados despedidos, a la economía del país y de Andalucía".

Además, señala que los datos económicos y productivos de Tragsa pasados dos años del inicio del procedimiento de despido colectivo, "evidencian que la situación ha mejorado obstensiblemente, reduciéndose las pérdidas estimadas y aumentando la producción, lo que desmontan las motivaciones que la dirección argumentaban para la apertura del expediente de regulación de empleo y por ende, la ejecución de despido alguno". Incide así en que síntoma de esta evidente mejoría y del aumento de la carga de trabajo en el Grupo Tragsa es la contratación de un elevado número de trabajadores eventuales durante estos años.

Al ser una empresa de capital 100% público, solo puede trabajar de forma exclusiva para las distintas administraciones al ser medio propio e instrumental de las mismas, entre las que, destaca IU, la Junta ocupa una posición importante en su cifra conjunta de negocio, "por lo que el Parlamento, el Gobierno y la Administración andaluza no puede ser ajena a esta injusta decisión empresarial, especialmente por la de reducción de empleo planteada en Andalucía".

Por último, también apunta la federación de izquierdas a la afectación y el impacto negativo que tendría esta decisión de despido colectivo sobre los trabajos encomendados por la Junta al Grupo Tragsa, "por lo que un buen elemento de reafirmación sería impedir los despidos de este grupo de empresas y en el conjunto de la SEPI".