La Diputación de Córdoba dedicará casi 300.000 euros, hasta 2018 y en cooperación económica con los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes que voluntariamente así lo decidan, para la prestación del Servicio de Recogida de Perros Vagabundos, con una aportación de la institución provincial de 152.000 euros y de 147.150 euros por parte de los ayuntamientos beneficiarios del servicio.

Así se recoge en el Plan Provincial de Cooperación para la prestación de dicho servicio, al que ha accedido Europa Press y que fue aprobado, por unanimidad, en la última sesión ordinaria del Pleno de la Diputación, habiéndose establecido un presupuesto inicial estimado, para el caso de que la totalidad de municipios de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes se adhiera, que asciende a la cantidad de 299.150 euros.

El Plan tendrá carácter bienal, con una programación temporal de dos anualidades (2016-17 y 2017-18), con la previsión de que su entrada en vigor se ajuste lo máximo posible a la finalización del Plan vigente, que finaliza en septiembre de 2016, y el servicio será realizado por una empresa externa especializada, que será contratada por la Diputación, la cual ejercerá la labor de coordinación del programa de recogida.

La actividad de la adjudicataria del servicio se centrará en la captura de animales abandonados y perdidos en la vía pública, así como también en la gestión de los animales que sean entregados por sus propietarios, en las condiciones que establece la Ley de Protección de los Animales. Para ello, además, los municipios tendrán conocimiento previo del día que van a ser visitados por el Servicio de Recogida de Perros Vagabundos.

La captura de los animales será por medios técnicos y homologados, de forma que no se dañe la salud de los animales, que serán traslados por la adjudicataria desde los municipios hasta un centro de tratamiento y mantenimiento en vehículos donde los animales tengan buenas condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies que se transporten, debiendo estar debidamente desinsectados y desinfectados, con capacidad mínima para diez animales, con jaulas individuales y con sistema de ventilación adecuado.

Una vez los que los animales han sido recepcionados en el centro, que habilitará la adjudicataria, se inscribirán en el Registro de Entrada y se procederá a una desparasitación externa del animal y a confeccionar su ficha zoosanitaria individual.

Los animales que no sean reclamados por su dueño en el periodo de cinco días, contados a partir de la fecha de captura, podrán ser adoptados por un nuevo dueño, pero si el animal ingresado no es reclamado por su dueño ni acogido en adopción, se podrá proceder, a partir del décimo día de ingreso, a su sacrificio por procedimiento eutanásico, prohibiéndose el empleo de venenos u otros procedimientos que ocasionen la muerte con sufrimiento, debiéndose controlar todo el proceso por un veterinario.

Además de las recogidas programadas en cada municipio, el Plan incluye un Servicio de Urgencias de 24 horas los 365 días al año en cualquier municipio que lo necesite, entendiéndose como urgencia casos tales como la presencia un animal incluido en la catalogación de razas peligrosas en la vía pública y sin dueño conocido, que un animal haya atacado a personas o a otros animales, o que el animal se encuentre herido en la vía pública.

Justificación del servicio

La Diputación entiende necesario la prestación de este servicio porque la existencia de perros abandonados, sueltos, vagabundos e incontrolados, además de evidenciar un problema de tipo humanitario, en cuanto que sobreviven en condiciones muy deficientes, representan un alto riesgo potencial para la salud humana, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, los perros incontrolados, desde un punto de vista sanitario, son los animales que mayor número de enfermedades pueden transmitir al hombre, entre ellas la rabia, la hidatidosis o la leishmaniosis.

Además de este riesgo sanitario, estos animales representan una amenaza para la seguridad e integridad física de las personas, tanto en el área urbana, como rural, sobre todo con la proliferación de las razas caninas catalogadas como peligrosas.

En este sentido, hay que tener en cuenta que en la provincia cordobesa hay comarcas de gran tradición ganadera, con lo que, a la anterior problemática hay que añadir el perjuicio económico que pueden llegar a ocasionar los perros asilvestrados si atacan a los rebaños y gallineros de casas rurales, sumándose a ello que, últimamente, se viene observando un incremento de accidentes viales debido a un aumento de la presencia de animales vagabundos en las carreteras.