El viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Juan Jesús Jiménez, ha renunciado al cargo al ser citado a declarar en calidad de investigado (antes imputado) por la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, a propósito de la investigación que se sigue por el ERE aprobado en 2003 en la extinta empresa pública Egmasa.

Fuentes de la Consejería han confirmado este sábado la renuncia de quien fuera también viceconsejero de Medio Ambiente, que la ha presentado "en el mismo momento en que ha tenido conocimiento, por los medios de comunicación y sin recibir notificación judicial alguna, de que tendrá que declarar en los próximos días por un asunto del año 2003 relacionado con la extinta empresa pública Egmasa".

Según apuntan desde la Consejería, Jiménez renuncia "para poder ejercer plenamente el derecho a su defensa y no perjudicar a la Administración a la que presta servicio".

Así las cosas, "lo primero" que quieren destacar desde la Consejería es que "la Junta de Andalucía manifiesta su respeto, como ha hecho siempre, a los procesos judiciales".

Además, añaden que "no nos cabe duda alguna de su honorabilidad (de Juan Jesús Jiménez), que ha ido demostrando como funcionario y servidor público de la Junta de Andalucía, a través de las distintas responsabilidades que ha ido desempeñando a lo largo de más de  30 años".

"Estamos convencidos de que una vez que se produzca la declaración todo quedará aclarado. Y podrá no sólo demostrar su honorabilidad, sino que podrá despejar cualquier sombra de duda sobre su dilatada y eficiente trayectoria profesional como servidor público", concluyen las fuentes consultadas.

Cabe recordar que esta citación del actual viceconsejero de Igualdad, prevista para el 10 de febrero, se incluye en un auto fechado el pasado día 26 de enero dictado por la juez Núñez en la que también cita a declarar en calidad de investigado al exconsejero de Empleo José Antonio Viera por un presunto "desvío" de fondos públicos de la Junta "mediante su entrega" a la empresa pública Egmasa "para la financiación de su plan de prejubilaciones" derivado del ERE aprobado en 2003 y que afectaba a 373 trabajadores, ascendiendo el total de lo pagado por la Junta a 21,6 millones de euros.

Además, la juez citaba en ese mismo auto a declarar los días 2, 10 y 11 de febrero a otras 14 personas --al margen de Viera-- como investigadas, entre quienes figura Juan Jesús Jiménez, además de otros nombres como los del exconsejero de Empleo Antonio Fernández; los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, o el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.

La instructora, que considera que todos ellos podrían ser responsables de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, acuerda dar traslado de las actuaciones a la empresa pública Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, como "sucesora universal" de la extinta Egmasa, en concepto de tercero civil responsable.

La juez relataba en el auto que Egmasa, empresa pública dependiente de la Consejería de medio Ambiente "y cuyo socio único" era la Agencia de Medio Ambiente, presentó el 30 de junio de 2003 una solicitud de ERE para la extinción de 373 trabajadores por causas productivas y organizativas, basadas en la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan Infoca.

A este respecto, la instructora destaca que "todos los trabajadores incluidos en este ERE habían trabajado en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural, y tras cesar en sus puestos de trabajo pasaban a recibir prestaciones por desempleo o subsidios para mayores de 52 años, siendo entonces recolocados en Egmasa, en donde a la fecha del ERE llevaban trabajando una media de tiempo no superior a cuatro años".