El Consejo de Ministros ha autorizado a formalizar distintas operaciones de deuda a las comunidades autónomas de Andalucía, La Rioja, Islas Baleares y País Vasco, por un valor de más de 3.500 millones de euros.

En concreto, a Baleares se le autoriza realizar operaciones de deuda a corto plazo, por un importe máximo de 500 millones de euros, para cubrir necesidades transitorias de tesorería mediante renovación de las pólizas a corto plazo con vencimiento en marzo de 2016.

Asimismo, a Andalucía se le autoriza formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 1.951 millones de euros para que pueda cubrir necesidades de tesorería no cubiertas por el Fondo de Financiación a comunidades autónomas.

Por su parte, el País Vasco podrá realizar operaciones de deuda a largo plazo por importe de 1.000,08 millones de euros para refinanciar vencimientos de 2016. Según el Gobierno, esta operación no supondrá un aumento del endeudamiento de la comunidad autónoma al final del ejercicio.

En el caso de La Rioja, la autorización es para formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un valor máximo de treinta millones de euros para cubrir necesidades transitorias de tesorería. Asimismo, se le autorizan operaciones de deuda a largo plazo por importe máximo de 95 millones de euros para la refinanciación de una operación a largo plazo que, según el Ejecutivo, no supondrá un aumento del endeudamiento de la región al final del ejercicio.

Ccaa "incumplidoras"

La necesidad de la autorización de las operaciones de deuda deriva de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que establece que las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas incumplidoras de los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto precisarán autorización del Estado mientras persista el incumplimiento.

En este caso, Andalucía, Baleares y La Rioja incumplieron el objetivo de estabilidad; y la última también incumplió el objetivo de deuda pública. El País Vasco y también Baleares incumplieron la regla de gasto.

En todo caso, las operaciones que formalicen las comunidades autónomas, en aplicación de las autorizaciones acordadas, quedan supeditadas al cumplimiento de los objetivos de deuda pública fijados para el año 2016.