Está considerada una de las grandes lacras del país. Así lo demuestran los resultados que este mismo miércoles arrojaba el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por la ONG Transparencia Internacional, que otorga a España el peor dato de su historia al situarla en el puesto 36 de un total de 168 países. Y ahora, en el arranque de un año que se presenta repleto de citas judiciales importantes, nuevos escándalos han estallado de forma paralela al inicio de una legislatura tan novedosa como incierta.

Además de los que ya arrastraba (Gürtel, Púnica, Bárcenas, ERE, Noòs, Palma Arena, Caso Pujol...), el 2016 empezó con un nuevo caso que le reventó en la cara al Partido Popular a solo unos días de las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre. El diputado popular Pedro Gómez de la Serna y el entonces embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui, cobraron a través de sus empresas comisiones millonarias en el extranjero por lograr contratos para empresas españolas de gobiernos de África y Latinoamérica.

Pese a que ellos argumentaron que contaban con el permiso del Congreso y que tributaron por sus ingresos, el asunto ha acabado con Arístegui dimitido, con de la Serna suspendido de militancia en el PP y con ambos investigados por la Audiencia Nacional (AN) por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. Eso sí, de la Serna, pese a las peticiones desde su partido, no ha entregado su acta de diputado y sigue ocupando un escaño en el Congreso, aunque ha pasado al Grupo Mixto.

La AN admitió la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 13 de enero, y solo unos días después, con el PP aún tratando de apagar el fuego, estalló el caso Acuamed. El 18 de enero una operación de la Guardia Civil se saldó con numerosos registros y 16 detenidos, entre ellos el presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado Fernández, y el director general de esta empresa pública, dependiente del Ministerio de Agricultura y encargada de realizar obras hidráulicas en las cuencas del Mediterráneo.

El juez Velasco  (el mismo que instruye el caso Púnica) investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014, así como la supuesta falsificación de certificaciones, facturas y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las adjudicatarias. Se indagan delitos de malversación, cohecho y fraude contra la Administración.

Aparte de los arrestados, el juez imputa a una treintena de personas, entre funcionarios y empresarios que recibieron contratas a dedo, troceadas o infladas, de esta firma estatal. El caso ha salpicado a la mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáez de Santamaría, el hasta ahora subsecretario de Presidencia Federico Ramos de Armas, que ha presentado su renuncia "a petición propia", y ahora apunta al exministro de Agricultura del PP Miguel Arias Cañete.

Casi al mismo tiempo, el pasado 15 de enero la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ordenó a la juez Rosa Freire que reabriese la causa sobre la destrucción y borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, al considerar “prematura” la decisión de la magistrada Esperanza Collazos de archivarla provisionalmente. Y solo una semana después, el PP se convertía en el primer partido político de España imputado en un proceso judicial. la Juez Freire citó al Partido Popular en condición de investigado (nueva denominación de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por los delitos de daños informáticos y encubrimiento.

Además del PP como formación, el próximo 4 de febrero también tendrá que declarar como investigada la actual tesorera del partido, Carmen Navarro. El día antes comparecerán como testigos el propio Bárcenas, su secretaria, Estrella Domínguez; el jefe de seguridad de la sede nacional del partido cuando se borraron los ordenadores, Antonio de la Fuente, y al abogado del partido.

Enero ha sido también el mes en el que arrancó la primera sesión del juicio por el caso Noòs, el más mediático de todos por contar, por primera vez en la historia de España, con un miembro de la familia real en el banquillo. El pasado 13 de enero la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupcion actuaron de forma conjunta e invocaron la doctrina Botin, que impide juzgar a alguien solo con la acción de la acusación popular, para impedir qe la infanta Cristina fuese juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales que le imputan a su marido, Iñaki Urdngarin.

Sin embargo, Cristina de Borbón vio este viernes fracasar la estrategia de su defensa para que resultase absuelta y evitarle el banquillo, ya que la Audiencia de Palma decidió que la infanta siga como acusada. En su auto, el tribunal provincial opta por no aplicar la doctrina Botín y desestima la cuestión previa planteada por la defensa de la hermana de rey. Y ahora, resueltas ya las cuestiones previas, el juicio continuará el 9 de febrero, cuando se retomará la vista oral con la declaración de los acusados que seguirán en el banquillo, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis "Pepote" Ballester.  Las declaraciones de los testigos, alrededor de 370, están previstas entre el 8 de marzo y el 17 de mayo, según el organigrama inicial planteado por el tribunal.

Pero el peor día de este mes de enero, sin duda, fue el pasado martes, que amaneció con una macrorredada en Valencia en el marco del caso Imelsa que se saldó con 24 detenidos, entre ellos altos cargos del PP de la Comunidad Valenciana, y otros cinco investigados por una presunta trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de esa región (Ayuntamientos, Diputación de Valencia y Generalitat). La investigación se extiende ahora a una presunta financiación irregular del PP valenciano, blanqueo de capitales incluido, y apunta a la exalcaldesa Rita Barberá, actual senadora del PP y por tanto, aforada. La dirección nacional del partido anunció el viernes que en los próximos días se creará una gestora para hacerse cargo de la dirección de la formación a nivel local.

Y ese mismo martes, el exvicepresidente económico del Gobierno y exvicepresidente de Bankia Rodrigo Rato, otrora referente del PP, recibió una citación para declarar el próximo 19 de febrero por una nueva causa secreta, derivada del caso por corrupción entre particulares y delito fiscal por la que fue detenido en abril de 2015.

Y todo ello mientras el presidente en funciones, Mariano Rajoy, trata de obtener la confianza del Parlamento para ser nuevamente investido presidente del Gobierno, una opción que se planea cada vez más lejana en vista de los ultimos acontecimientos.

Entretanto, tras cinco años de investigación, la juez que actualmente instruye el caso de los ERE de Andalucía citó el jueves pasado como investigado por primera vez al exconsejero de Empleo José Antonio Viera por el presunto desvío de fondos públicos en un expediente de regulación de empleo de 2003 de la empresa pública Egmasa, que le costó a la Junta de Andalucía 21,6 millones de euros.