La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha resaltado este jueves que las cuentas del partido, tanto a nivel regional como nacional, están auditadas por el Tribunal de Cuentas, al ser preguntada sobre las informaciones que apuntan a una presunta financiación ilegal del PP valenciano, en el marco de las investigaciones de la Operación Taula, y las supuestas 'mordidas' del 3 por ciento cobradas durante una década.

Bonig ha señalado que el caso está bajo secreto de sumario y cuando éste se levante podrá verse si esto es así. De confirmarse, ha dicho, "nos parece bochornoso y repugnante como no puede ser de otra forma" y pondrán en marcha "todas las medidas para que no suceda".

Ha explicado que "el partido presentaba sus cuentas, han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas" e incluso hay una investigación en este órgano y ya dirán los tribunales "lo que tengan que decir".

Preguntada sobre si considera que debe reforzarse el control interno de las cuentas, ha destacado que el PP opta desde hace tiempo por "gerentes con un perfil técnico" y ha incidido en que el PPCV presenta sus cuentas en Madrid, el partido "da el visto bueno" y después son auditadas por el Tribunal de Cuentas".

También, ha agregado, están estudiando la posibilidad, "como pasa en muchas empresas públicas o privadas, de que una auditoría externa audite, pero eso ya se está haciendo", ha dicho, porque el Tribunal de Cuentas las fiscaliza.

Asimismo, ha puesto en valor que "si hoy se puede investigar a una persona jurídica es porque el PP ha reformado el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que eso sea posible" porque "hasta ahora la responsabilidad penal era para personas físicas". También se han endurecido las penas por delitos de corrupción y la financiación ilegal, ha dicho, para resaltar que "otros hablan mucho de regeneración pero no apoyaron al PP en estas medidas".

La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano y, también, al blanqueo de capitales, según ha podido saber Europa Press.

Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Entre los detenidos —hay 24— están el expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en la capital María José Alcón.

Las fuentes consultadas han señalado que hay abiertas varias vías de investigación y que, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP en esta comunidad y que algunos altos cargos 'populares' tuvieran conocimiento de estos hechos.

En este sentido, señalan que la investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial del PP Rita Barberá y al exvicepresidente económico y diputado 'popular' Gerardo Camps, aunque de momento se trata solo de indicios y sospechas, advierten.