El presidente del PP de la ciudad de Valencia, Alfonso Novo, investigado en el caso Imelsa, no ejercerá como portavoz del grupo municipal popular en el pleno del Ayuntamiento de Valencia de este jueves, según han informado fuentes del partido.

Su función durante la sesión plenaria correspondiente al mes de enero será ejercida por la portavoz adjunta, Maria Àngels Ramon-Llin, en una decisión que, según han recalcado las fuentes, es puntual y ha sido adoptada en el seno del grupo municipal popular.

Novo está suspendido cautelarmente de militancia del PP hasta que preste declaración judicial, según acordó ayer el Comité de Derechos y Garantías del PPCV a raíz de la operación abierta por supuesta corrupción en torno a la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia.

Alfonso Novo, a quien Rita Barberá cedió el protagonismo municipal en el partido cuando decidió abandonar al perder la Alcaldía que ostentaba desde 1991, ha acudido este miércoles al cuartel de la Guardia Civil del distrito de Patraix junto al asesor de su grupo municipal Luis Salom y la secretaria Carmen García Fuster.

Este trámite es previo a sus respectivas comparecencias ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, aún sin concretar, pues han de prestar declaración los 23 detenidos en la operación que faltan por hacerlo, después de que en la noche del martes la exconcejala del PP María José Alcón compareciera ante el juez, que decretó su libertad con cargos y bajo fianza de 150.000 euros.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), había instado por la mañana al PP a cesar a los cuatro miembros del grupo municipal que fueron detenidos o investigados (imputados) en la operación judicial por el supuesto caso de corrupción en la empresa pública Imelsa, para "limpiar" así la imagen del Ayuntamiento.

El alcalde, en nombre del Gobierno local, ha pedido al PP el "cese inmediato" de la secretaria de su grupo municipal, María Carmen García Fuster, detenida ayer en la operación; del portavoz en el Ayuntamiento, Alfonso Novo, y del asesor, Luis Salom, y la administrativa del grupo María José Pi, si se confirma que siguen investigados en la causa. Ha advertido de que "si no (lo hacen ellos), nos veremos obligados a tomar medidas nosotros".

Ha calificado el registro de ayer del despacho del grupo municipal en el Ayuntamiento como un hecho de "extrema gravedad" e "insólito", que "perjudica la imagen de los valencianos", a la capacidad de negociar y a la economía de la ciudad.

Ahora bien, ha recalcado que estos hechos son "cosa del pasado", de "unos cuantos valencianos que están en el partido (popular)", y ha recalcado que la ciudad ha iniciado, con el cambio de Gobierno, "un nuevo camino de honradez, transparencia y trabajo".