Una nueva operación anticorrupción desplegada este martes en la Comunitat Valenciana, relacionada con la empresa pública Imelsa, ha sacudido de lleno al PP y ha culminado con 24 personas detenidas, entre ellas, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus; la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento María José Alcón; el exdiputado del PP en las Corts y ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

Junto a ellos, los agentes de la Guardia Civil también han detenido al exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina; al ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la corporación provincial Salvador Deusa; el exalcalde de Genovés Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el consistorio valenciano María del Carmen García Fuster; y el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos —exmarido de Alcón—.

Además, han arrestado a 13 empresarios, a dos arquitectos y a un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia —personal de confianza del grupo 'popular'—, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Los detenidos comenzarán a pasar a disposición del juzgado en próximas horas.

Así mismo, en esta operación —que la Guardia Civil ha bautizado como 'Operación Taula'— hay 29 investigados —imputados antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)—, entre ellos, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia Alfonso Novo y el asesor municipal de este partido Luis Salom. Ambos han sido citados a declarar mañana en el juzgado.

Esta operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, en coordinación con dos de los tres fiscales Anticorrupción de Valencia, Vicente Torres y Pablo Ponce, ha contado además con 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat.

Del total, se han practicado 14 registros en domicilios particulares, entre ellos, el de Rus; y otros 19 en sedes sociales como en la empresa pública de construcción de infraestructuras escolares Ciegsa y fundaciones —la Fundación Jaume II, que en su día estuvo presidida por Vicente Burgos, la sede de un equipo de fútbol —Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente—, la sede del grupo municipal del PP en Valencia, y la agencia de comunicación Engloba.

En concreto, los agentes han acudido al domicilio de Rus, en Xàtiva, sobre las ocho de la mañana, y han permanecido allí durante más de siete horas, hasta pasadas las 15 horas. A su salida, Rus ha sido recibido entre los gritos de "corrupto" y "ladrón" de ciudadanos que se han concentrado a las puertas de su inmueble.

El exdirigente 'popular' ha salido en un vehículo blanco del garaje del edificio en el que reside en la capital setabense ocultando su rostro con un portafolios. Rus fue alcalde de Xàtiva desde 1995 y hasta las elecciones municipales de 2015 y presidió el Club Deportivo Olímpic de la ciudad.

Varias administraciones

La operación afecta a varias administraciones valencianas —Generalitat, Diputación y Ayuntamiento de Valencia— cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta por EUPV ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo gerente era Marcos Benavent.

Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados hoy. El pasado mes de mayo, cuando tuvo que acudir al juzgado a declarar como imputado, se describió como un "yonqui del dinero" que se había llevado "de todo" durante su etapa en la Diputación de Valencia. En ese momento ya avisó públicamente de que iba a salir "mierda a punta pala" en este procedimiento.

Más extenso

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del fiscal del caso, concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.

El juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La operación sigue abierta y la causa continúa secreta.