La Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria ha acordado suspender el juicio contra los alcaldes de las juntas vecinales de Mioño y Lusa (Castro Urdiales) en 2010 por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, prevaricación y coacciones a raíz del contrato de arrendamiento de unos terrenos a la UTE Dícido para su explotación minera.

La sesión estaba previsto que se iniciara este martes, 26 de enero, a las 10 horas, y que se desarrollara hasta el próximo jueves, día 28, pero ha sido suspendido, al estar las partes "en vías de llegar a un acuerdo", según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

De este modo, si finalmente llegan a un acuerdo, se fijará una nueva fecha para la celebración de la vista, han apuntado desde el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)

La acusación particular, ejercida por el grupo empresarial Sadisa y Emilio Bolado, pedía penas que sumaban 17 años de cárcel y 25 de inhabilitación para cargo público para Víctor Echevarría y Antonio Alijo, exalcaldes de Mioño y Lusa, respectivamente, así como una multa de más de 1,2 millones de euros por los citados delitos, que la Fiscalía no considera probados. Por eso, al igual que la defensa, el Ministerio Público solicitaba la libre absolución de los acusados, tal y como figuraba en los escritos de las tres partes, recogidos por Europa Press.

De acuerdo con la acusación particular, el objetivo del contrato era arrendar unos terrenos de las juntas vecinales a dicha Unión Temporal de Empresas para que éstas pudieran extraer y explotar económicamente durante un máximo de 20 años (el arrendamiento se fijo en cinco años, prorrogables hasta 20) los restos minerales existentes en los citados terrenos, en suelo rústico de especial protección medioambiental y donde durante décadas existió una explotación minera. A cambio, y además de la renta, las sociedades de la UTE debían acometer la restauración ambiental y paisajística de los terrenos.

Según los letrados de Sadisa y Emilio Bolado, en base al contrato los alcaldes de Mioño y Lusa idearon el modo de "estafar" a la UTE empresarial y apropiarse ilegítimamente de más de 1,2 millones (1.256.700 euros) para ingresarla en las cuentas bancarias de las Juntas primero, y hacerla desaparecer de las mismas después, "en cuestión de semanas" sin que se sepa con exactitud el destino de dicha cuantía, pues el medio usado para su distracción fue, según la acusación, la emisión y utilización "descontrolada" de numerosos cheques al portador.

Pero la Fiscalía considera que no ha resultado debidamente acreditado que los acusados, en su condición de alcaldes de las juntas vecinales de Lusa y Mioño, dictaran resoluciones administrativas que "infringieran de forma palmaria" el ordenamiento jurídico administrativo, con la finalidad de "perjudicar injustamente" los intereses públicos o los de la parte contratante en el expediente de contratación hecho con la UTE Dícido.

Según el Ministerio Público, el contrato "no ha sido un puro artificio al servicio del fraude", existiendo una "voluntad negocial real" por parte de las juntas y sus alcaldes. Así, para el fiscal, lo que ha existido es una "discrepancia contractual" entre las partes que suscribieron contrato, cuya resolución debe corresponder a la jurisdicción Civil.